Entre los convocados ante el Tribunal se incluyeron dos peritos que efectuaron la materialización de la información y análisis de metadatos de un archivo, que hace referencia a la evaluación del proceso de calificación para la adjudicación del campo Singue.
Además, rindieron su testimonio dos de los miembros del equipo de la Contraloría General del Estado que elaboró el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP): un experto en el tema petrolero y la directora de Auditoría de Sectores Estratégicos de la entidad de control, quienes aportaron con sus conocimientos para determinar las irregularidades en el proceso de licitación.
En sus conclusiones, este informe señala que no debía realizarse la adjudicación, pues la empresa no cumplía con las bases para la contratación planteadas en el proceso de licitación y no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros.
Los funcionarios de Contraloría sostuvieron que el Estado se vio perjudicado, ya que en la negociación se fijó un precio de 33,5 dólares por barril producido, cifra a la que se llegó al no tomar en cuenta el total de las reservas probadas del hidrocarburo, debido a que, al ser un campo joven, en Singue se podría explotar el 100% o más de las reservas.
Fiscalía investiga un presunto delito de peculado, cometido en 2012, cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio DGC –conformado por Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development– suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de este campo petrolero.
Las presuntas irregularidades en la adjudicación (inobservancia en la normativa legal) por parte de los funcionarios públicos y el cálculo de la tarifa habrían provocado un perjuicio económico de más de 28 millones de dólares.
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