En acatamiento a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario, Richard Martínez, ministro de Finanzas y presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, informó al Pleno de la Asamblea Nacional, el cumplimiento cabal de la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. Cerca de 3 millones de personas han sido beneficiadas, por alrededor de 18 mil millones de dólares, tanto en el sector cooperativo como de la banca pública y privada, dijo.
Recordó que el 16 de marzo el Presidente de la República declaró el estado de excepción y de inmediato el Frente Económico solicitó a las autoridades competentes de control financiero que remitieran los informes para disponer el diferimiento o reprogramación de los créditos de los ecuatorianos, porque la situación se tornaba complicada para los hogares por causa del aislamiento y la paralización de la actividad productiva.
Dijo que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera remitió las resoluciones 568 y 569 de 22 de marzo, en las que, de manera excepcional y temporal se determinó que tanto las cooperativas como los bancos públicos y privados debían modificar las condiciones de los créditos, manteniendo las calificaciones originalmente pactadas y sin afectar la calificación que tenían al entrar en vigencia dichas resoluciones, para beneficiar a los clientes.
Con esta decisión se logró que las personas que tuvieron que reprogramar sus deudas no fueran reportadas a la central de riesgos como morosas, su calificación de riesgo no se dañó, no incurrieron en pago de intereses sobre intereses, ni tampoco intereses de mora, no tuvieron costos adicionales por la reprogramación y obtuvieron períodos de gracia, añadió.
El ministro informó que los resultados obtenidos, por haber tomado oportunamente estas acciones, con corte a junio son: en el caso del sistema financiero privado se registró un millón 977 mil 246 operaciones de diferimiento por alrededor de 10 800 millones de dólares, de los cuales cerca del 40 % se distribuyen en 22 de las 24 provincias del país. Mencionó que, según datos adicionales de la Asociación de Bancos, más del 70 % de la cartera de microcrédito ha sido diferida, es decir, ha tenido las condiciones para reprogramar y diferir sus pagos.
En el caso de las cooperativas, indicó que se registraron 840 584 operaciones de diferimiento que sumaron 6581 millones de dólares, es decir, 40 % del total de la cartera; el 66 % de esas operaciones se dio en aquellas provincias que fueron mayormente afectadas por el Covid-19.
Añadió que en el sector financiero público se realizaron 117 392 operaciones de diferimientos extraordinarios por más de 500 millones de dólares, de los cuales 311 millones corresponden a la Corporación Financiera Nacional, 116 millones a BanEcuador; 72 millones al Banco de Desarrollo del Ecuador; y 16,8 millones en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
Agregó que estas acciones no eran suficientes porque el país enfrentaba otras situaciones que demandaban soluciones inmediatas para evitar que más empresas pudieran entrar en problemas y que personas que habían invertido en el mercado de valores perdieran ese dinero, razón por la cual, el 4 de abril, la Junta emitió la resolución 571 por medio de la cual las empresas tuvieron la oportunidad de llegar a acuerdos con las 2/3 partes de los inversionistas para evitar una cesación de pagos que traería consecuencias nefastas para el dueño y el emisor del papel.
Destacó que, entre abril y junio, un total de 65 empresas de distintos sectores económicos pudieron realizar diferimiento de pagos. Esas empresas proveen empleo a cerca de 17 mil personas, lo que significó un efecto positivo en términos laborales, explicó.
Puntualizó que uno de los principales inversionistas en el mercado de valores es el BIESS, es decir, si no se encontraba una solución a este problema básicamente la seguridad social no iba a poder recibir los pagos por los títulos que invirtió y ello iba a complicar su posición de liquidez en el mediano plazo. Las operaciones que mantenía esta entidad en el mercado de valores fueron reestructuradas en un 100 %, aseguró.
Indicó que no era necesario establecer una resolución para los seguros privados porque existe normativa que protege al consumidor, como el Código de Comercio y la Ley de Medicina Prepagada.
Martínez señaló que, si bien las resoluciones de marzo tenían un alcance de 60 días, se vio la necesidad de ampliar el plazo a 60 días adicionales para garantizar la cobertura total de las personas, en tanto se discutía la Ley Humanitaria. Esta ampliación se realizó mediante resoluciones 574 y 582. Resaltó que la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario complementa y refuerza las resoluciones para aliviar la carga de los ciudadanos, puesto que de manera positiva amplía el beneficio para favorecer la reprogramación de cuotas generadas en ventas a crédito en casas comerciales. Además, sostuvo que la Junta emitió las resoluciones 587, 588 y 589 para atender esta ampliación.
Es decir, estas resoluciones permiten mediante acuerdo entre las partes diferir o reprogramar deudas entre clientes y entidades del sistema financiero público y privado y de cooperativas y casas comerciales que venden a crédito, manifestó el Ministro de Finanzas y presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
JLVN/cz
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