El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) alertó a la ciudadanía, que si continúa la disminución de recursos para la Función Judicial, los servicios de justicia del país se verán seriamente afectados. Además, exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizar el pago inmediato de sueldos, correspondientes a junio de 2020, de las y los servidores judiciales, que han estado en primera línea de batalla garantizando los servicios de justicia en el periodo de pandemia.
En rueda de prensa, este 21 de julio de 2020, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, explicó que los recortes presupuestarios, entre 2019 y 2020, suman USD. 19’536,733.93.
La doctora Maldonado recordó que la Constitución de la República señala que los egresos permanentes del Presupuesto General del Estado deben ser prioritarios para los sectores de salud, educación y justicia. “Los recurrentes recortes amenazan el servicio judicial en cuanto a su oportunidad y calidad. Es nuestra responsabilidad constitucional velar y proteger el servicio público de justicia del país y eso no lo podemos aceptar”, sostuvo.
En este marco, solicitó al MEF que se cumpla con el derecho de los servidores judiciales a recibir sus remuneraciones oportunamente, que cesen los recortes presupuestarios a la Función Judicial y que se asignen los recursos necesarios para cancelar los pagos pendientes a proveedores.
Los continuos recortes presupuestarios afectarán los esfuerzos que ha realizado el CJ en los últimos meses para la implementación, en un tiempo récord, de herramientas tecnológicas para adaptar la justicia ecuatoriana a una crisis sanitaria inédita. Estos recortes, comprometen la firma electrónica, el E- SATJE 2020, el sistema de videoaudiencias y el mantenimiento del Data Center principal y alterno de la Función Judicial
El Vocal Juan José Morillo advirtió que por la falta de recursos para la adquisición de las licencias de plataformas digitales, a partir del 15 de agosto de 2020, no se podrán agendar videoaudiencias a nivel nacional. “Todo el desarrollo tecnológico que se ha realizado quedará obsoleto y no podremos avanzar en el proyecto de digitalización de la justicia”, indicó.
Pedro Crespo, director General del CJ, explicó que la reducción del presupuesto judicial limita el nombramiento de jueces, secretarios y otros servidores necesarios para el funcionamiento de las unidades judiciales a nivel nacional. Señaló que también existen afectaciones para la contratación de obras básicas de infraestructura como el mantenimiento de las dependencias judiciales en todo el país.
Además, confirmó que el CJ presentó, ante la Corte Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, debido a los recurrentes recortes presupuestarios a la Función Judicial que, según la normativa vigente, tiene autonomía económica, financiera y administrativa.
El vocal Fausto Murillo expresó que con la reducción de recursos se pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de servidores judiciales y, por ende, al servicio de justicia.
Las autoridades del CJ alertaron además que, si continúa el recorte de recursos, se podría perjudicar también el desarrollo de los procesos de evaluación y designación de servidores judiciales que se deben ejecutar por mandato constitucional, entre ellos, el Concurso público de méritos y oposición para la designación y selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Sobre esto último, previo a la resolución de inicio del concurso, el CJ certificó la disponibilidad presupuestaria correspondiente y, por lo tanto, espera que el MEF no afecte los mencionados recursos.
El Pleno del CJ reiteró su compromiso firme y decidido de garantizar la continuidad del servicio de justicia y velar por la tutela efectiva de los derechos ciudadanos. Además, señaló que, mientras dure la emergencia sanitaria, continuará adoptando políticas y acciones orientadas a precautelar la vida y la salud de las y los usuarios y servidores de la Función Judicial.
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