Guayaquil (Guayas), 10 de julio de 2020.- Fiscalía procesó a Franklin L. S., Alfredo A. Z. y Samuel A. B por su presunta participación en el frustrado intento de escape –vía aérea y con nombres falsos– de Daniel S. B., sobre quien pesaba (ya en esa fecha) una boleta de encarcelación por casos de peculado y otros delitos, relacionados a la venta de insumos médicos con presunto sobreprecio a diversas casas de salud públicas y hospitales en Guayaquil; y de su novia, Jocelyn M. Z.
Con esta acción, la pareja pretendió inducir a engaño a las autoridades judiciales. La avioneta que los transportaba junto a otras tres personas se accidentó en las primeras horas del 8 de junio de 2020, en el sector de Zarumilla, en Perú.
En la audiencia de vinculación, en la Unidad Judicial de Florida Norte, el fiscal Eduardo Díaz Zambrano presentó, entre los elementos de convicción: las versiones de los procesados, del piloto de la aeronave, del administrador y de directivos y accionistas de la compañía aérea a la que pertenecía la aeronave.
Además, la documentación presentada en la audiencia de formulación de cargos contra Daniel S. B. y Jocelyn M. Z., en la que consta la información emitida por medios de comunicación y redes sociales, y por la Dirección de Aviación Civil, que señala a las personas que abordaron la aeronave con presunto destino a la Isla Puná, el registro del plan de vuelo inicial de salida y retorno de la avioneta, y el nombre del piloto a cargo del viaje; y las versiones emitidas en primera instancia por la pareja procesada (Daniel S. B. y Jocelyn M. Z.).
Fiscalía procesó a Franklin L. S., Alfredo A. Z. y Samuel A. B., por un presunto delito de fraude procesal y solicitó a la jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, su vinculación al proceso y su prisión preventiva.
La Jueza acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Franklin L. S., y arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico para Alfredo A. Z., mientras que, a Samuel A. B. le dictó presentación semanal ante la autoridad y prohibición de salida del país, ante el arraigo social y certificaciones médicas presentadas por la defensa.
Finalmente, la Magistrada dispuso, por mandato judicial, que Fiscalía disponga un examen médico legal urgente al procesado Alfredo A. Z., para efecto de –en lo posterior– pronunciarse sobre otras medidas ante requerimiento de los abogados de la defensa.
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