La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Lenin Plaza Castillo, justificó la actuación de la Policía en los desalojos de familias campesinas integrantes de la Asociación de Producción Agropecuaria “Parroquia Eloy Alfaro” y “Río Mar”, en la provincia del Guayas, en cumplimiento de la orden expedida por autoridad competente, en este caso, la Intendencia.
Insistió en que al Ministerio de Gobierno no le corresponde dilucidar sobre la propiedad de los predios, a esta Cartera le compete dar cumplimiento de las órdenes dictadas por autoridad competente, que puede ser una autoridad administrativa, judicial o de la intendencia. Dijo que, en el caso de estos desalojos, se siguieron los protocolos establecidos respecto del uso progresivo de la fuerza; hubo agresión por parte de las personas desalojadas, por lo cual se registraron seis policías heridos, agregó.
Tras la reinstalación de la sesión 56 de la mesa, los legisladores escucharon a Pedro López Morán, representante de la Asociación de Producción Agropecuaria “Parroquia Eloy Alfaro” (Asopapea), quien reiteró que están en posesión de estas tierras desde 1998, que tienen garantías posesorias otorgadas por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), derechos que fueron reconocidos en 2010, por lo cual este desalojo atropella todo procedimiento legal.
Mientras, Albino Zúñiga, de la Asociación Río Mar, aseguró que son posesionarios de esos predios desde hace 24 años, nos tumbaron las casas de cemento y hoy estamos debajo de los árboles. Así somos tratados los campesinos, que somos quienes damos de comer al pueblo; tenemos documentos que reconocen nuestra posesión por parte del Gobernador y del Ministerio de Gobierno. “Queremos que se solucione este problema lo más rápido posible”, añadió.
De su lado, Milton Yulán Morán, abogado de las dos asociaciones agropecuarias, reiteró que en ambos casos los campesinos cuentan con certificados de posesión emitidos por el desaparecido Instituto de Desarrollo Agrario e, inclusive, en el caso de Río Mar, tiene una declaratoria de posesión, al defender la validez de las garantías posesorias que, a su juicio, sí están reconocidas en la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Agregó que estas garantías no pierden validez ni son revocadas a pesar del cambio de uso del suelo.
Finalmente, Juan Antonio López Cordero, subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que en el caso de Río Mar, que era el tema pendiente de su comparecencia, las garantías de posesión no tienen fundamento legal alguno, por lo que el reclamo formulado por esta asociación no es competencia de esta instancia administrativa. Propuso establecer una mesa técnica para revisar en qué condición se encuentran las garantías posesorias.
Al cierre de la sesión, el titular del organismo legislativo, Lenin Plaza, recordó que está conformada una subcomisión que analiza todos los temas relacionados con la adjudicación de tierras, de manera que los argumentos expuestos por el Subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales pasarán a conocimiento de esta instancia y, de ser necesario, se lo convocará para que exponga sus criterios ante los miembros de este grupo de legisladores.
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