El Tribunal de la Corte Nacional, acogiendo la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, negó el pedido de suspensión condicional de la pena solicitada por el juez de Pastaza, Aurelio Q., quien deberá cumplir con la sentencia impuesta en primera instancia: un año de privación de libertad, como culpable del delito de cohecho.
Los jueces señalaron que no se cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en su numeral tercero: “que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena”.
Hechos
El juez Aurelio Q. fue denunciado por otro magistrado de Pastaza, John Álava, pues le ofreció beneficios administrativos y económicos para que ratifique una sentencia dictada en una acción de protección presentada en el caso del río Piatúa.
Álava pactó la entrega de dinero para el 3 de septiembre en un restaurante, en el Puyo. En la reunión, Aurelio Q. le entregó dinero en efectivo (19.000 dólares), dentro de una caja de licor. Luego de ello, el ahora procesado, fue detenido por las autoridades.
Además, habría existido otra funda con dinero, que presuntamente estaba destinada para para Bolívar T., quien también formaba parte del Tribunal que conocería la apelación.
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