El ciudadano está acusado de agredir sexualmente a la menor A.R.L.I., de 15 años, en el interior de su dormitorio, la madrugada del 11 de febrero de 2018, en la cooperativa Fuerza de los Pobres, sector de la Isla Trinitaria.
Según la denuncia, el vecino habría ingresado a la vivienda escalando una pared hasta llegar a la habitación de la adolescente, que se encontraba durmiendo en compañía de su hermano.
Al principio, Fiscalía formuló cargos contra el sospechoso por el presunto delito de tentativa de violación, en junio de 2019. No obstante, en el transcurso de la investigación, la situación jurídica del procesado varió por los elementos de convicción que se agregaron al expediente, según lo explicó la fiscal de Violencia de Género Sur, Patricia Morán.
“Los resultados de la investigación obtenidos hasta el momento hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, tal como lo estipula el artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal”, sostuvo.
Durante la audiencia de reformulación de cargos, el pasado 20 de agosto, la Fiscal presentó, como principal elemento de convicción, el testimonio de la menor en el que relataba una agresión a su intimidad y lesiones adicionales en su boca, abdomen y extremidades superiores e inferiores, producto de un forcejeo con su victimario.
A esto se agregaron otros elementos, como el reconocimiento médico-legal, la valoración psicológica efectuada a la adolescente, que evidencia secuelas en su conducta; la denuncia de su progenitora y el acta de ingreso de evidencias, que incluyen una gorra y una soga encontradas en el lugar de los hechos, que pertenecerían al procesado.
Con la presentación de estos elementos, Fiscalía solicitó el cambio del tipo penal de tentativa de violación a violación, y la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva contra el procesado Manuel D. D., quien se encuentra prófugo.
El pedido fue acogido en su integridad por el juez de Garantías Penales, Darwin Valencia.
Dato jurídico
Fiscalía procesa este caso por el delito de violación, según lo dispuesto en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), inciso primero, numeral 2, que sanciona con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años a quien use violencia, amenaza e intimidación en el cometimiento de la infracción.
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