1. Nuestra función es de apoyo técnico y académico al proceso que para la evaluación a la Corte Nacional de Justicia ha decidido el Consejo de la Judicatura en cumplimiento de las atribuciones y facultades que le asignan las normas constitucionales y legales vigentes; tarea que se cumplirá en el marco del irrestricto respeto a la independencia judicial, al debido proceso y a los derechos de los magistrados que serán evaluados.
2. El Consejo de la Judicatura, conforme a sus atribuciones, ha definido una metodología para la evaluación integral de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, metodología que el Comité de Apoyo a la Evaluación aplicará y será el fundamento para sus conclusiones y observaciones que pasarán a conocimiento del Consejo de la Judicatura para la toma de decisiones que contará, además, para ese efecto con los reparos y observaciones formulados por los evaluados y la ciudadanía.
3. En la evaluación no se interpondrán consideraciones políticas ni ideológicas de ninguna naturaleza, sino que se analizarán los parámetros cualitativos, cuantitativos y los que constan en los reglamentos y resoluciones para que el Consejo de la Judicatura, luego del informe y observaciones del Comité de Apoyo, adopte oportunamente las decisiones que permitan optimizar el trabajo de administrar justicia con apego a las normas y principios constitucionales y legales, que corresponde a la Corte Nacional de Justicia, en el Estado de derechos y justicia aprobado por los ecuatorianos en la Constitución vigente.
4. Es nuestra responsabilidad, como académicos, juristas y ciudadanos, advertir a los órganos del poder público y, en especial, al Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional, que la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no es suficiente para la transformación y mejoramiento sustancial del sistema de administración de justicia en Ecuador, que debe garantizar la tutela efectiva y oportuna de los derechos ciudadanos, eficiencia y eficacia en los trámites procesales, independencia absoluta y fundamentada, en los fallos y transparencia y honestidad en el desempeño de la judicatura.
5. Las legítimas expectativas de la sociedad demandan un sistema judicial independiente que no supedite las decisiones jurisdiccionales a las decisiones administrativas ni políticas; requiere un control judicial de los autos y sentencias que deben estar debidamente motivados y dictados conforme a un estricto apego a la ley y a la Constitución; un régimen procesal ágil que no vulnere derechos y que permita adoptar resoluciones oportunas y necesarias para que el formalismo no se imponga sobre la justicia; una ejecución efectiva y eficaz de las sentencias; un sistema disciplinario invulnerable a la corrupción y a la negociación de los informes sancionatorios o exculpatorios. Todo lo dicho demanda urgentes reformas legales, y la gestión por parte del Consejo de la Judicatura, de la normativa necesaria para avanzar en el proceso de transformar y optimizar integralmente el sistema judicial ecuatoriano en todos sus niveles.
6. Finalmente, debe quedar claro que el encargo que el Comité de Apoyo ha recibido del Consejo de la Judicatura para la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, es parte de un proceso objetivo y técnico, que cuenta con control social, el apoyo de la academia, de la ciudadanía en varias de sus fases, tutela derechos y observa estrictamente el principio de independencia judicial, sin admitir injerencias, presiones, ni amenazas de ninguna clase.
Quito, 7 de agosto de 2019
Álvarez Grau Vladimiro De la Pared Darquea Jhonny
García Falconí Ramiro Granda Aguilar Víctor
Mejía Salazar Álvaro Morán Sarmiento Rubén
Narváez Álvarez María José Navarrete Luque Corina
Sacasari Aucapiña Geovani Salgado Valdez Roberto
Verdugo Silva Teodoro Yépez Andrade Mariana
Mejía Mediavilla Juan Carlos
Coordinador
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