La Procuraduría General del Estado y la
Asamblea Nacional demostraron
con pruebas documentales que no se vulneraron los derechos constitucionales de
la exasambleísta Sofía Espín.
Con fecha 14 de enero de 2019 la Jueza
Constitucional, doctora Jaqueline Meza, acogió los argumentos presentados por
la defensa de las dos instituciones del Estado y rechazó la Acción de
Protección presentada por la exasambleísta, cuya pretensión era dejar sin
efecto la decisión de destitución
de su cargo como Asambleísta, misma que fue tomada por el Pleno de la Asamblea
Nacional. La defensa de Espín alegaba que se habrían vulnerado sus derechos
constitucionales de defensa.
La
destitución de Espín tuvo lugar el 13 de noviembre de 2018, posteriormente la
exasambleísta presentó una Acción de Protección que fue rechazada y apelada por
su defensa. Sin embargo, con fecha 14 de enero de 2019 los jueces de la Sala
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificaron
el rechazó al recurso de apelación presentado por Espín, confirmando así la
sentencia de primera instancia.
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