miércoles, 6 de junio de 2018

Directivos de Corte Penal Internacional exponen sus criterios sobre reformas al Código Integral Penal

13:49

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Oswaldo Zavala-Giler, Asistente Especial del Jefe de la Secretaría de la Corte Penal Internacional y Antônia Pereira de Sousa, Oficial de Relaciones Exteriores y Cooperación de esta misma organización, acudieron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a fin de exponer sus puntos de vista en torno a los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Peal (Coip) que allí se tramitan.

Zavala-Giler destacó el trabajo que cumplen los legisladores, mismo que -a su criterio- es de suma importancia para la Corte Penal Internacional, tendiente a lograr la cooperación de cada Estado.
Explicó que son una Corte que no pertenecen a ningún Estado, no tienen territorio, Policía, ni un gobierno, cuentan con 123 Estados que le apoyan, por lo que es importante que cada uno de los Estados que son parte del Distrito de Roma, creen los procedimientos para poder dar efecto al Mandato del Estatuo de Roma, al mandato de la Corte Penal Internacional.
Insistió que la Corte Penal Internacional requiere la cooperación de cada país para lograr que sus sentencias y resoluciones sean efectivas, por ejemplo, recabar pruebas documentales o congelar activos

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Los legisladores también escucharon a Cesar Sandoval, Director General del Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, quien propuso que en el artículo 396 del Coip se sancione con pena privativa de libertad de 15 a 30 días y multa de hasta tres salarios básicos unificados del trabajador en general a la persona que de manera indebida realice uso del número único de atención para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesario de recursos de las instituciones de emergencia.
Asimismo, sugirió que en el tema de intimidación, se incluya un inciso para que la persona mediante el uso indebido de la línea única de emergencia pretenda atentar contra la integridad de las personas de aéreas públicas o privadas sea sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a dos años.

Esto a propósito de la coyuntura y los últimos procesos lamentables ocurridos en la frontera norte y las múltiples llamadas de amenazas de bombas, que conllevó una amplia movilización y toma de decisiones y no se pudo sancionar.

 

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