El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobó el informe jurídico que determina la caducidad del nombramiento y cesación del superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Patricio Rivera Yánez.
De acuerdo con el informe, Yánez habría transgredido el Art. 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, referido al principio de seguridad jurídica. Esto conlleva a la caducidad del nombramiento que consiste en la extinción del derecho, por haber transcurrido en exceso el término de ejecución del acto administrativo de la designación.
El servidor no se habría posesionado en legal y debida forma dentro de los 15 días luego de haber sido designado (28 de abril de 2017). Lo hizo luego de 235 días (19 de diciembre de 2018).
Una vez notificado el superintendente, tendrá 3 días para ejercer su legítimo derecho a la defensa. El CPCCS-T lo convocó para que el día jueves 29 de marzo de 2018, a las 10:00, acuda a la audiencia pública a fin de que exponga sus argumentos de descargo de forma oral. La audiencia será en el edificio matriz del CPCCS en Quito.
Julio César Trujillo, presidente del CPCCS transitorio, recalcó que el superintendente no estará exento de las responsabilidades económicas, civiles o administrativas que pueda establecer la Contraloría General del Estado en el ejercicio de sus atribuciones.
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