Luego de un año de vigilancia, seis ciudadanas y ciudadanos que conformaron una Veeduría sobre el nivel de ejecución de los planes de trabajo propuestos por los concejales del cantón Cuenca, presentaron su informe ante el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En este se señala que el promedio de cumplimiento es del 32% entre las 15 autoridades evaluadas; siendo 64,15% el mayor porcentaje alcanzado y 11,32%, el más bajo.
Para obtener ese resultado, los veedores analizaron lo actuado por los integrantes del Concejo Cantonal desde el 14 de mayo de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016, en función a las atribuciones y funciones que contempla para estas representatividades el artículo 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Para ello, desarrollaron un intenso plan de trabajo a través su participación en las sesiones del Concejo, espacios de diálogo con los propios concejales, directores departamentales y gerentes departamentales municipales, revisión de informes de rendición de cuentas, encuestas de percepción a 482 ciudadanos, revisión de 1.443 folios con información referente a viajes y representaciones locales, nacionales, e internacionales de los concejales; entre otras actividades.
De ese proceso, la Veeduría concluye que la asistencia de los Concejales a las sesiones de las comisiones y directorios de las empresas municipales –que es una de sus competencias- ha sido escasa. Tampoco –señala el documento- se ha prestado atención a temas sensibles de la ciudad, como la ubicación del camal municipal, el tranvía, mendicidad infantil, la ordenanza de protección de animales domésticos de compañía, entre otros. Además, se indica que existe un bajo conocimiento personal de los concejales por parte de la ciudadanía y a su vez, que se ha dado un trato poco comedido a los ciudadanos que hacen uso de la silla vacía, en especial cuando presentan criterios diferentes u opuestos a las opiniones de las autoridades.
Una de las razones que ha dificultado el cumplimiento de los planes de trabajo y la aprobación de ordenanzas, según el análisis de veedores, es la incidencia de sesiones extraordinarias, pues de 118 contabilizadas, solo el 19% son ordinarias. Así también se concluye que no ha existido interés por elaborar y poner en vigencia un reglamento interno acorde con el COOTAD y mientras, se mantiene uno elaborado en 1988 con base en una norma ya derogada.
Durante su labor de vigilancia, los veedores rescatan un impacto positivo, tanto entre los propios concejales, quienes “se preocuparon por aumentar y mejorar el desarrollo de sus actividades en función del plan presentado incluso como parte de su oferta de campaña política” y también de la ciudadanía que “pudo informarse y conocer con más detalle” de estas propuestas.
Entre las recomendaciones de la Veeduría el que el Consejo Nacional Electoral establezca contenidos mínimos y evaluables para la presentación de los planes de trabajo de los candidatos a concejales; que en el Municipio y sus empresas públicas se haga una auditoría interna de personal para determinar el grado de parentesco de los servidores con los concejales y tomar resoluciones de acuerdo a los hallazgos; que se actualice el reglamento interno, estableciendo el pago de dietas por sesión completa asistida de los concejales alternos, considerando los principios de economía, eficacia y eficiencia; que la Asamblea Nacional considere en el tratamiento del Código de la Democracia, que ningún concejal alterno pueda ser a la vez funcionario municipal, fundamentalmente por su atribución de fiscalización; que el GAD disminuya los gastos derivados de uso de vehículos, asistentes y asesores a disposición exclusiva de los concejales.
El Pleno del CPCCS felicitó la exhaustiva labor de los veedores y acogió su informe. Resolvió, además, enviarlo a la Contraloría General del Estado para que haga una evaluación del nivel del trabajo de los funcionarios del Concejo Municipal.
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