La destitución del anterior Contralor por actos de
corrupción dejó serias dudas a la ciudadanía sobre su accionar, durante más de
una década gran cantidad de alcaldes y prefectos desfilaron por su oficina en
busca de minimizar sus errores administrativos que conllevarían hasta en
destitución del cargo.
Ese diálogo con el delator incrementó las dudas ya que el ex
Contralor hablaba, que a él le gustaba coger en efectivo. Se pregunta la
ciudadanía cuántos de estas autoridades de elección popular del país y de la provincia
de Santa Elena visitaron a dicha autoridad en los últimos 10 años para que esas
ineficiencias que pudieran caer en el ámbito penal se transformen en simples
errores administrativos.
Lo que es más cuántas autoridades de elección popular han caído
preso por haber malversado los fondos públicos, probablemente pocos, la mayoría
de esos condenados probablemente fueron de municipios paupérrimos, los municipios
peninsulares no están encasillados en esa categoría.
Ante tantas dudas y corrupción mutua entre ex contralor y
alcaldes, es conveniente la consulta del presidente Lenin Moreno, para que el
pueblo que esté horrorizados de todas estas argucias responda si a la pregunta
No. 3 para enmendar la constitución y reestructurar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo
constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma
transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las
autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso,
anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3.
Con una nueva autoridad debería realizarse una auditoría a
la Contraloría para hacer las observaciones ante tantas irregularidades que probablemente
se hayan cometido.
Es muy probable que en la pregunta 3 y la pregunta 2 la diferencia sea menor entre el si y el no, porque a los líderes municipales y de prefecturas que hayan cometido
irregularidades no les conviene una auditoría a todos eso informes.
Ante tanta degradación social y enriquecimiento ilícito
difícil de probar, a la ciudadanía no le queda otra opción que votar para
desterrar estos malos hábitos que han empobrecido al país y la provincia de
Santa Elena
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