viernes, 16 de octubre de 2015

Tres sospechosos fueron detenidos en posesión de documentos falsos.

17:23











Guayaquil, viernes 16 de octubre del 2015.- En el interior del edificio Macro, de la Av. Plaza Dañín y Francisco Boloña, a las 18:00 del jueves  fueron detenidos tres sospechosos que podrían enfrentar cargos por el presunto delito de uso de  documentos públicos falsos.

Daysi Letty A. B., de 34 años; José Catalino C. C., (35) y Jorge Rosendo C. T., (29), según denuncia presentada por un funcionario de  una de las ventanillas del Ministerio de Educación, habían estado entrevistándose con varias personas al ingreso del edificio, prometiéndoles a cambio de ciertas cantidades de dinero acceder a una plaza de trabajo en el  ministerio público.

Para el efecto se supo que los tres sospechosos se hacían pasar como funcionarios del Ministerio de Educación, para enganchar a los usuarios que acudían a esa dependencia a realizar trámites para agilitar los contratos de prestación de servicios y a otros ofreciéndoles plazas de trabajo.

Los servidores policiales del circuito Kennedy, atendiendo un pedido del Ecu911, llegaron al edificio donde la detenida Daysi Letty A. B., entregaba en una ventanilla 9 contratos de trabajo para conductores del Ministerio de Educación, determinando que Daysi Letty A. B., no es empleada y que la credencial que portaba no es la que emite  la secretaria de educación.

En el lugar los sospechosos fueron encontrados con una considerable cantidad de documentos que se encuentran en el acápite de las evidencias, entre ellos: celulares siete chips, dos cuadernos, sobres manila con documentos de varios ciudadanos, entre otros que les compromete estar implicados en el delito de uso doloso de documentos.

El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal señala: Falsificación y uso de documento falso. La persona que falsifique, destruya o adultere modificado el efecto o el sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales establecidos por la  ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de cinco a siete años.(Oswaldo Trujillo Padilla DNCE Zona 8.).

 

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