Las declaraciones del señor Enrique Rosales Ortega columnista del prestigioso diario nacional "El Universo", a la radio local " Salinas" han despertado inquietudes y comentarios en la colectividad santaelenense y a nivel nacional, pues las mismas mencionan acusaciones y denuncias graves contra la asambleísta Vanessa Fajardo Mosquera representante de la provincia de Santa Elena.
El trafico de influencia, el usufructo económico por la entrega de puestos públicos por parte de alguien que ejerce una función de representación popular constituyen un grave delito, que es sancionado por la Ley, del mismo modo mencionar que alguien en esa posición realiza tales actos sin tener la pruebas reales suficientes, constituyen una calumnia, atenta contra el buen nombre de la persona señalada y también son sancionadas por la ley.
Dicho esto, ambas partes tienen una obligación moral frente a la opinión publica, el articulista de mostrar las pruebas que confirmen sus aseveraciones, a fin de que la ciudadanía tenga claro como se manejan sus representantes; y del otro lado la persona aludida por ejercer un cargo alcanzado con el voto y respaldo del pueblo le debe una explicación a sus mandantes, desvirtuando lo imputado y ejerciendo su derecho legal si considera que ha sido calumniada.
Si no se ejerciera el derecho legal de impugnar las aseveraciones del denunciante y se guarda silencio, el pueblo dirá con seguridad "EL QUE CALLA OTORGA" y podría perder frente a la colectividad, toda la confianza y credibilidad que pudo haber obtenido en el desempeño de sus funciones con respaldo al menos de sus electores y será políticamente sepultada. Igualmente si las imputaciones hechas no son probadas, el denunciante quedara como un vulgar calumniador e igualmente perderá la confianza y credibilidad frente a sus lectores y a sus conciudadanos en la provincia y en el país.
Finalmente esperemos que si el caso se judicializa, la justicia brille y esa balanza que la representa guarde el equilibrio sin inclinarse a uno u otro lado, sino que respete el debido proceso, se evalúen objetivamente las pruebas de cargo y de descargo y se dictamine en derecho lo que corresponde. Recordemos que se dice "SOMOS IGUALES ANTE LA LEY", bien eso es letra muerta escrita que huele a formol, esperemos que "SEAMOS IGUALES Y BENEFICIARIOS DE UNA JUSTICIA IMPARCIAL FRENTE A QUIENES ADMINISTRAN LA LEY E IMPARTEN JUSTICIA".
La Libertad, Julio 29 del 2015
José Enrique Del Pezo Borbor
