La
presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a las y los
representantes de las organizaciones indígenas, montubias y afroecuatorianos,
de segundo grado, a las audiencias públicas provinciales, como parte de la
segunda fase del proceso de consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
La
convocatoria se la realiza en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Constitucional, emitida en abril del 2010, con sujeción al Instructivo para la
Aplicación de la Consulta Prelegislativa. De cuerdo con estos documentos este
procedimiento permite precautelar los derechos colectivos de las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, según manda la Constitución de la
República.
Según la
convocatoria, los encuentros en las provincias inician este miércoles, 10 de
junio, en Santa Elena, en la sala de sesiones de FEDECOMSE, a las 10h00. En
tanto, el 11 y 12 de junio, las audiencias continuarán en Los Ríos, Tungurahua, Bolívar y Guayas
(ver cronograma adjunto).
La consulta
en 23 provincias del país concluirá el 3 de julio. En cada una de ellas
comparecerán tres representantes por cada organización.
La Comisión
de Soberanía Alimentaria es la entidad encargada de realizar el proceso
prelegislativo y para optimizar el trabajo se dividió en dos grupos. El uno lo
conforman los parlamentarios Miguel Carvajal (presidente), Marcia Arregui,
Nelson Serrano, Rosa Elvira Muñoz, Ramiro Vela y Lourdes Tibán; el otro lo
integran Mauricio Proaño (vicepresidente) Esthela Acero, Esther Ortiz, Liuba
Cuesta, Ricardo Zambrano, César Umajinga y Pavel Chica.
El
calendario establece que la siguiente semana los legisladores visitarán en la
Costa: Manabí y Esmeraldas, el 17 y 20 de junio, respectivamente; en la Sierra:
Cotopaxi, Imbabura y Carchi, entre el 17 y 19 de junio; y, en el Oriente:
Sucumbíos y Orellana el 18 y 19.
Los
encuentros ciudadanos para la construcción de este proyecto de Ley también se
efectuarán en Azuay y Santo Domingo, el 23 de junio; en Cañar, el 24; en Zamora
Chinchipe y Pastaza, el 25; y, en Loja y Morona Santiago, el 26. Durante la
última semana participarán las organizaciones de El Oro, Napo, Pichincha y
Chimborazo el 30 de junio, así como el 2 y y 3 de julio próximo.
El proyecto
busca normar el uso y acceso a la tierra rural, que deberá cumplir la función
social y ambiental. También regulará la posesión, propiedad, administración y
la redistribución de la tierra, como factor de producción, a fin de garantizar
la soberanía alimentaria; mejorar la productividad; propiciar un ambiente
sustentable y equilibrado; y, otorgar la seguridad jurídica a los titulares de
derechos.
El cuerpo
legal establece la protección del suelo rural productivo, en especial su capa
fértil, para garantizar el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria,
como interés público y prioridad nacional. La aplicación de esta norma será de
orden público y de jurisdicción nacional. (LM)
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