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| Vanessa Fajardo |
El derecho laboral o derecho social, sin duda alguna es una de las ramas del derecho más importantes, pues surge ante la necesidad de protección del individuo frente al capital. Los movimientos obreros a través de los años han ido demandando a los gobiernos de turno para que se incorpore a la legislación ecuatoriana instituciones y figuras que respondan a las demandas y pretensiones de la clase trabajadora; es así que en 1928, el gobierno presidido por el Dr. Isidro Ayora expidió varias leyes de protección social entre las que se puede mencionar la Ley sobre el Contrato Individual de Trabajo, Ley de Desahucio del Trabajo, Jornada de Trabajo y Descanso Obligatorio.
El año siguiente se incorporó en la constitución ecuatoriana de 1929 derechos laborales, lo que constituyó un hito para Sudamérica y un acierto para el Ecuador, pues elevaba al derecho laboral a rango constitucional, pero tenían que transcurrir casi una década para que nuestro país cuente con un cuerpo normativo uniforme y consecuente.
El Código del Trabajo ecuatoriano fue expedido el 5 de Agosto de 1938, por el Jefe Supremo, general Alberto Enriquez Gallo, pero no fue publicado hasta el 10 de agosto de ese año en que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente la cual ordenó su promulgación y por ende su vigencia.
El Código del trabajo vigente en esencia es el mismo que se expidió hace 75 años, sometiéndose simplemente a codificaciones o reformas parciales que lo único que buscaban era el beneficio de la clase empresarial por encima de los derechos del trabajador, sin embargo desde el año 2007 año en que el Economista Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia de la República se ha tratado de revertir estas situaciones proponiendo mandatos, leyes y reformas que buscaban la eliminación de la precarización laboral y la restitución de derechos a los trabajadores.
En la sesión No. 246 de la Asamblea Nacional llevada a cabo el 1 de Agosto del presente año con 95 votos positivos de 113 Asambleístas presentes la legislatura decidió archivar las reformas al Código del Trabajo planteada por varios Asambleístas. Esta decisión se fundamenta en que el actual Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Laborales viene trabajando en la elaboración de un Nuevo Código del trabajo, el mismo que deberá ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional y que se tendrá que ajustar a las realidades del sector productivo del Ecuador y que sobre todo beneficiará a los ecuatorianos que representan la fuerza laboral de nuestra patria.
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