La normativa busca regular la organización y funcionamiento de la información crediticia de las personas naturales y jurídicas, mediante la creación del Registro de Datos Crediticios, que tiene como finalidad prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis de historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas.
El cuerpo legal determina que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es la única institución que puede recopilar la información crediticia proveniente de: registro crediticio de la Superintendencia de Bancos y Seguros; Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria; y, Registro Crediticio de la Superintendencia de Compañías.
La normativa determina que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en un plazo no mayor a 365 días, pondrá en funcionamiento el nuevo Sistema de Registro Crediticio, período dentro del cual los Burós de Información Crediticia seguirán prestando sus servicios de acuerdo con la normativa establecida por la Dirección Nacional de Datos Públicos y la Superintendencia de Bancos y Seguros.
El Banco Central del Ecuador en su calidad de cesionario de los activos y, por tanto, de la cartera de cobro de las instituciones financieras de la denominada "banca cerrada" y aunque el cesionario no es un sucesor en derecho de dichas instituciones financieras deberá condonar, en su totalidad, las obligaciones vencidas e impagos registradas en su contabilidad, cuyo capital sea hasta de 5.000 dólares.
Esto elimina la Central de Riesgos y las calificaciones que tenían los clientes que se encontraban en mora. El asambleísta aliado de Alianza País, Fernando Vélez, fue el autor de la propuesta. Él explicó que el 75% de deudores de la banca cerrada saldrán de la Central de Riesgos, no pagarán intereses quienes deban menos de USD 5 000. Además "la honra del pueblo no estará manchada, los deudores estaban criminalizados, era como tener un certificado de antecedentes penales. No les permitía ser sujetos de créditos. Si estaban casados y el marido solicitaba un crédito no lo podía sacar la pareja". En un año se creará el Registro de Datos Crediticios, que dependerá de la Dirección de Datos Públicos.
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