La comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió al Procurador General del Estado, Diego García Carrión, quien presentó sus observaciones al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre tres grandes temas: el terrorismo y su financiación; la inmovilización de activos terroristas o vinculados; y, el comiso especial.
Expresó que la normativa ecuatoriana tiene que ajustarse a los delitos constantes en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que fueron suscritos y ratificados por nuestro país, así como otros documentos como la Ley para reprimir el Lavado de Activos.
Al referirse al terrorismo y su financiación dijo que se debe ver al terrorismo como un delito que puede ser cometido de forma individual o asociativa. La propuesta es que se aborde este tema como la conexión entre los que proveen los fondos y la comisión del delito en el Ecuador, por tanto, se incluye la posibilidad de perseguir el delito de financiamiento con independencia de la comisión del delito dentro del territorio ecuatoriano.
En este marco, dijo, determinar la responsabilidad para quien ponga a disposición del terrorista o asociación terrorista los fondos o activos, aún cuando éstos no tengan conexión directa con un acto de terrorismo.
Además, continuó, se debe agregar aspectos relacionados con la tentativa, la conspiración, la sanción a la falsa incriminación, ya que lamentablemente muchas veces se aprovecha, para efectos de causar daño, al hacer denuncias o generar investigaciones. En este aspecto tiene que haber una responsabilidad de parte de quien denuncia y quien persigue; con ello no se busca limitar la investigación y la persecución, pero sí garantizar a al persona que la investigación se haga dentro del respeto de los derechos que todos los ciudadanos tienen a través de la Constitución y los Convenios Internacionales en materia de derechos humanos subrayó.
Aseguró que es necesario aplicar las resoluciones 1267 y 1373 emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) relativas a la lucha contra la financiación del terrorismo, mediante la inmovilización de fondos de grupos terroristas o terroristas individuales que figuran en las listas consolidadas de dicho Consejo y adoptar medidas cautelares en infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación.
Lo que busca esta disposición es establecer un mecanismo cautelar para buscar la inmovilización de activos o fondos de las personas identificadas en las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU, agregó.
Estas medidas se adoptarán a través de la intervención de un fiscal y luego a través de la decisión de judicial, lo cual llevará a inmovilizar temporalmente fondos o activos que estén relacionados con las personas identificadas en las listas consolidadas del Consejo de Seguridad, lo cual permite adoptar una medida preventiva mientras se toma una decisión sobre el origen de esos fondos, recalcó. JLVN/pv Follow @laprimeraec
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