En
Ecuador, los siniestros viales no solo se traducen en vidas perdidas, lesiones
y discapacidad; también representan una presión creciente sobre el sistema
sanitario y un alto costo para el país. En el marco del Mes Mundial de la
Salud, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en seguridad vial hacen
un llamado urgente a reconocer esta problemática como una prioridad de salud
pública, prevención y gestión estatal.
Según datos del Ministerio de
Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 se
generaron como producto de siniestros de tránsito, lo que las ubica como la
segunda causa de atención en la red pública de salud, solo después de
los eventos clínicos. La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas
atenciones representaron el 26%.
“Lejos de ser un tema que
parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un
problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema
sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado. No se trata de hechos
aislados en las carreteras, sino de eventos prevenibles que trasladan una
enorme presión a hospitales, centros de salud, personal médico, servicios de
emergencia y presupuestos públicos”, señaló Gladys Meléndez, vocera de la
Coalición Movilidad Segura.
De acuerdo con un estudio del
Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador
implica un costo aproximado de USD 280 millones anuales. De ese total, USD 201
millones (70 %) corresponden a atención médica —a través de la Red Pública
Integral de Salud y la red privada complementaria—, mientras que USD 61
millones se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y USD 18
millones a costos administrativos públicos.
La siniestralidad vial sigue
mostrando una dimensión alarmante en el país. Según datos de la Agencia
Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20.346 siniestros viales,
que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidas en el lugar del
siniestro. A ello se suma que 10 provincias (Pichincha, Guayas,
Santo Domingo, Tungurahua, Manabí, Azuay, Los Ríos, Santa Elena y El Oro) concentraron
el 90,05% de los siniestros a escala nacional, lo que evidencia una alta
concentración territorial del problema.
“Los siniestros viales no solo
ocurren en las vías: también se atienden en salas de emergencia, quirófanos,
camas hospitalarias y procesos de rehabilitación que pueden extenderse por
meses o años. Por eso, hablar de seguridad vial es también hablar de salud
pública, de uso eficiente de recursos y de protección a las familias
ecuatorianas”, agregó Meléndez.
La información levantada para
enero de 2026 muestra, además, que la mayor concentración de atenciones médicas
y eventos por siniestros viales se registra en Quito, Guayaquil, Tungurahua,
Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay, lo que evidencia la
necesidad de respuestas focalizadas en los territorios con mayor carga
sanitaria y mayor recurrencia de estos hechos.
“Invertir en seguridad vial también es invertir en salud. Reducir los siniestros significa salvar vidas, evitar lesiones graves y liberar recursos del sistema sanitario que hoy deben destinarse a atender una crisis prevenible. En este Día Mundial de la Salud, el llamado es a que la seguridad vial sea tratada como una prioridad de salud pública, con acciones integrales de prevención, control, fiscalización, educación y fortalecimiento de la atención post siniestro”, concluyó Meléndez.
Sobre la Coalición por la
Movilidad Segura: Iniciativa colaborativa creada en 2022 que reúne a más de
60 organizaciones y actores de la sociedad civil que trabajan por una movilidad
segura y sostenible, y por la prevención de muertes y lesiones causadas por
siniestros de tránsito.
Sobre TANDEM: Organización
de sociedad civil que promueve puentes de diálogo entre la ciudadanía y las
autoridades. Trabaja por la construcción de ciudades sanas y seguras, y desde
ese enfoque impulsa la incidencia en políticas públicas de seguridad vial y
movilidad sostenible.
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