Fiscalía procesa a seis personas por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, tras ser aprehendidas durante varios allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil.
El 24 de mayo de 2025, la Policía Nacional acudió a las calles Oswaldo Guayasamín y avenida 38, tras recibir denuncias que reportaban a un grupo de personas disparando al aire y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al notar la presencia policial, los implicados ingresaron a varias viviendas.
Actuando en flagrancia, la Policía allanó las viviendas y encontró tres pistolas calibre 9 mm, un fusil semiautomático (con sus cargadores y municiones), seis teléfonos celulares, un vehículo con varias vainas percutidas de diferentes calibres en su interior y una motocicleta.
En otra vivienda, fue aprehendida una mujer que habría intentado obstaculizar la labor policial. En un congelador se encontraron cinco alimentadoras con sus cartuchos, y en el patio se hallaron dos pistolas con municiones calibre 9 mm.
Ninguno de los aprehendidos pudo justificar la procedencia de las armas y las evidencias encontradas, por lo que fueron trasladados a la Unidad Cuartel Modelo para ser puestos a órdenes de la autoridad judicial.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recopilados, entre ellos el parte informativo y de aprehensión elaborado por la Policía Judicial, las versiones de los agentes aprehensores, el acta de cadena de custodia con las evidencias encontradas –que fueron puestas en cadena de custodia–, entre otros.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Luis Mario E. V., Alexis Manuel E. Q., Wilfrido Gabriel T. G., Wilmar Javier A. Ch., Yessenia Karina L. C. y Victoria Aracely M. M., quienes pertenecerían al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Las Águilas’
La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
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