Registro de Personas Donantes y Receptoras, entre otros temas, se analizaron en el primer debate

El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el informe realizado por la Comisión de Derecho a la Salud sobre las reformas a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

“El proyecto busca garantizar la calidad de los trasplantes, tanto para los donantes como para los receptores, así como promover la lucha contra las prácticas ilegales relacionadas, como el tráfico de órganos”, señaló la legisladora Rosa Belén Mayorga, ponente del informe.

La propuesta transparenta los procesos de donación y trasplante, garantizando un proceso ético, seguro, eficiente, equitativo en su acceso y protege a las personas vulnerables de ser explotadas.

Durante el debate se abordaron temas como la potestad de la autoridad sanitaria nacional de llevar el Registro Nacional de Personas Donantes y Receptoras, así como de las personas jurídicas públicas y privadas dedicadas a la atención de personas trasplantadas, el cual formará parte del Sistema Nacional de Datos Públicos.

Así también, la obtención de un certificado que identifique su condición de donante o trasplantado, el cual será emitido posteriormente a un informe médico que determine una u otra condición.

Al respecto, el legislador Humberto Tapia mencionó que el registro permitirá a la autoridad sanitaria, planificar la adquisición de medicamentos, insumos, así como su posterior distribución a los pacientes trasplantados.

Los legisladores Isela Santibáñez, Dennis Realpe y Juan Carlos Rosero coincidieron en que la norma crea mecanismos técnicos a fin de incrementar la tasa de donaciones, así como para dar seguimiento continuo, tratamiento y medicación necesaria a pacientes trasplantados.

Por otro lado, la legisladora Gina Macas observó que el proyecto debatido debe articularse plenamente con la mejora sustancial de hospitales y centros de trasplantes en todo el Ecuador, pues “actualmente el proceso se realiza únicamente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, dificultando su acceso a pacientes en otros territorios”.

Finalmente, Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, dispuso que el proyecto retorne a la Comisión de Derecho a la Salud para continuar con el proceso legislativo y la elaboración del informe para segundo debate.