Diecinueve procesados fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Entre ellos, cuatro exfuncionarios –uno de elección popular– están señalados como líderes de una presunta estructura delictiva que habría operado en la Corte Provincial de Justicia de Guayas entre 2022 y 2023.
Ellos son: el exasambleísta Pablo M.; la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola G.; el exjuez provincial, Johann M.; y la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura, Mercedes V.
Los otros quince procesados están llamados a juicio como colaboradores. Así lo resolvió el Juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, en su dictamen oral al finalizar la audiencia preparatoria de juicio, reinstalada la tarde del 22 de enero y concluida la madrugada del 23.
Por otro lado, el Magistrado dictó auto de sobreseimiento a favor de Silvia O., Freddy Hugo G. J. y Mónica A., esta última cónyuge de Pablo M.
Durante los once días que duró la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal general (s), Wilson Toainga, presentó un dictamen acusatorio contra veintitrés procesados, sustentado en 561 elementos de convicción recabados durante la investigación previa y la instrucción fiscal.
Una presunta red de corrupción en el Sistema Judicial de Guayas
Entre 2022 y 2023, una presunta red de corrupción liderada por un legislador, dos jueces y una funcionaria judicial habría manipulado la administración de justicia en Guayas para obtener beneficios ilícitos.
Según el dictamen fiscal, todo inició en 2021 cuando Pablo M., entonces asambleísta, tenía vínculos cercanos con Fabiola G. y Johann M., jueces provinciales. El objetivo era que Fabiola G. asumiera la presidencia de la Corte Provincial, para lo cual Mercedes V., directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, contrató a Mayra S. para manejar su imagen, con financiamiento de Pablo M.
En 2022, Fabiola G. fue designada presidenta. Desde ese cargo, junto con Pablo M., Mercedes V. y Johann M., habrían controlado decisiones judiciales y la administración de la Corte, favoreciendo intereses ilícitos. También habrían usado troll centers para defender sus acciones y atacar a opositores.
Además, esta estructura habría intervenido en casos relevantes con ayuda de los otros quince colaboradores procesados, quienes habrían manipulado varios procesos judiciales.
Información jurídica
Este caso se judicializa por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal, COIP.
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