Reforzar el régimen jurídico del sistema penitenciario, a fin de evitar hechos de violencia al interior de las cárceles y el dominio de grupos delictivos en los centros penitenciarios, es uno de los objetivos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para Fortalecer el Sistema Penitenciario, la Seguridad Ciudadana y Rehabilitación Social a través del Trabajo de las Personas Privadas de la Libertad, que fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El debate tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Justicia, que en el análisis del proyecto promovió una metodología de puertas abiertas con la participación de la ciudadanía, a fin de consolidar el diálogo directo con los distintos actores sobre la propuesta normativa, y de esta manera, recibir la mayor cantidad de aportes de instituciones públicas, representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos en derecho penal, rehabilitación social y los organismos públicos involucrados en el sistema penitenciario.
Este proyecto busca viabilizar la Constitución, en relación al sistema de rehabilitación social, a fin de lograr una rehabilitación integral y la reinserción social adecuada, de las personas privadas de la libertad. Según la propuesta, las personas privadas de libertad ejercerán actividades laborales y de emprendimiento, que garanticen los recursos económicos que permitan su sustento y el de su familia. Para ello, se les facilitará el acceso a procesos de capacitación técnica e instalación de emprendimientos.
La legisladora Jhajaira Urresta, en su calidad de ponente del informe, advirtió que las cárceles se han convertido en un lugar de tragedia y muerte, como consecuencia de la falta de un sistema de rehabilitación social, frente a lo cual plantean este proyecto que asegura la capacitación académica y social de las personas privadas de la libertad, ya que una mente activa no tiene posibilidad alguna de utilizarla para la violencia y la maldad. También destacó la participación ciudadana en la construcción de esta normativa que busca viabilizar la norma constitucional, que asegura respeto a los derechos, la rehabilitación social y una vida digna.
En el debate los asambleístas expresaron su preocupación por las condiciones en que se encuentra la población carcelaria, en condiciones precarias de salud y altos niveles de hacinamiento. También señalaron la necesidad de generar la políticas y acciones para asegurar la rehabilitación social.
Luis Almeida, uno de los proponentes del proyecto, tras relatar los graves problemas que se viven en las cárceles, explicó que se busca asegurar una verdadera rehabilitación al ser humano y que tenga el trabajo penitenciario, mientras que Marcos Molina sugirió trabajar en el fortalecimiento del sistema penitenciario y la salud mental.
Otro de los proponentes, el legislador Ángel Maita, tras advertir que las cárceles son controladas por mafias, por responsabilidad del Gobierno, explicó que a través del proyecto se pretende garantizar la seguridad penitenciaria y en las calles para tranquilidad de la ciudadanía. Joel Abad afirmó que son preocupantes las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad, por lo que urge trabajar en seguridad ciudadana y la rehabilitación social.
De su lado, Mario Ruiz recordó que en 2021 la Corte Constitucional señaló que el sistema de rehabilitación registra violaciones estructurales y sistemáticas a los derechos de las personas privadas de la libertad, situación que demanda soluciones de fondo con la participación de las diversas instituciones del Estado.
Las observaciones de los legisladores pasarán a la Comisión de Justicia, que se encargará de procesarlas para elaborar el informe para segundo debate.
PV
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