La lucha contra el comercio ilícito levantó una nueva alarma en estas semanas. Esta vez en Panamá, donde la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo denunció penalmente a la coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco Reina Roa, por infracción de los deberes de funcionario público. Es decir, por no ejecutar acciones para enfrentar al comercio ilícito.
Actualmente,
Panamá ocupa el primer puesto en Latinoamérica en donde más prospera el
contrabando, es así que 9 de cada 10 cigarrillos proceden del mercado negro. El
segundo país es Ecuador en donde 8 de cada 10 cigarrillos producto de
contrabando son comercializados y por lo tanto, evaden impuestos, afectan al
comercio legal y plazas de trabajo plenamente establecidas.
En diciembre
de 2022 fue radicada una denuncia ante del Ministerio de Salud de Panamá y este
año la mencionada asociación de fumadores decidió dar un paso más y radicó una
denuncia penal contra una funcionaria de esa cartera, la coordinadora de la
comisión Nacional de Control de Tabaco, Reina Roa, por infracción en sus
deberes.
La
denuncia tiene como base la comercialización de cigarrillos sin las
advertencias sanitarias establecidas por el marco jurídico de Panamá; además,
la denuncia alude al artículo 83 del Código Penal panameño que establece que: los
funcionarios, como es el caso de Roa, “tienen obligación de denunciar acerca de
los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en
ocasión de estas, lleguen a su conocimiento…”.
A
este escándalo se suma que el comercio ilegal de cigarrillos que atraviesa las
fronteras panameñas cada año asciende a 8.000 millones de atados, llegando a
destinos como Ecuador, Colombia y México, entre otros países de la región. Como
ya lo han indicado las instituciones policiales y de control de cada nación, se
trata de mercadería que no paga los debidos impuestos, desfinanciando a los
Estados; carece de todo control sanitario, además de no contar con las
advertencias sanitarias reglamentarias y compite con el mercado legal,
destruyendo millones de puestos de trabajo en la región cada año.
Dicha
denuncia va más allá de las fronteras de dicho país, teniendo en cuenta que Panamá
se ha convertido en un verdadero “hub” de cigarrillos ilegales a destinos de
América Latina. En el caso ecuatoriano las cifras anualmente levantan alertas
de la sociedad civil considerando que la incidencia de contrabando de
cigarrillos en 2014 era de 5% y a 2022 alcanzó la alarmante cifra de 79%. Así,
8 de cada 10 cigarrillos evaden impuestos, afectan a la recaudación del Estado
y menoscaba el comercio formal y por añadidura al empleo. Entre 2015 y 2022 se
estima que el Estado ecuatoriano dejó de recaudar alrededor de 1.600 por
impuestos en este rubro, lo que desfinancia al país e impide que ese dinero se
invierta, por ejemplo, en salud, seguridad, educación y obra pública.
Países como Panamá y Ecuador lideran esta especie de ranking, pese a los numerosos esfuerzos de los estados por luchar contra el comercio ilegal. Para dar contexto, en el mundo 1 de cada 10 cigarrillos es ilegal, lo que convierte a estos dos países de América Latina como casos donde el crimen organizado y la informalidad está ganando la batalla Follow @laprimeraec
