El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en segundo debate el proyecto de Ley de Incentivos a la Pesca Artesanal, que tiene como beneficiarios a los pescadores artesanales, cangrejeros y afines, que se caracterizan por realizar manualmente sus artes de pesca y en embarcaciones menores, quienes con esta ley tendrán condiciones más favorables para el desarrollo de sus actividades.
Una vez leído el informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el asambleísta Eduardo Mendoza expuso los objetivos y alcances del proyecto y detalló el trabajo efectuado, tanto en la socialización de la propuesta en las distintas provincias del país para recoger las inquietudes y aspiraciones del sector acuícola y pesquero, cuanto los aportes de diversos colectivos y, por supuesto, de la academia.
Aseguró que en el tratamiento de esta normativa se han respetado todos los procesos contemplados en la Constitución y leyes conexas. “Es un conjunto de reformas que busca la implementación de procesos adecuados para efectivizar de manera óptima las políticas públicas en esta área específica y brindar, con ello, un desarrollo económico, de sustento alimentario y de incentivos adicionales a la población”, subrayó.
Debate
En el debate intervinieron nueve legisladores, quienes enfatizaron en la necesidad de realizar ajustes al proyecto, considerando que el sector pesquero y, especialmente, el pesquero artesanal, es uno de los más golpeados por la crisis económica y necesita de incentivos efectivos y eficientes para mejorar, sobre todo, la política de precios.
Advirtieron, además, que es indispensable revisar las disposiciones transitorias para garantizar que Ecuador sea competitivo en el mercado internacional y evitar que cualquier desliz pueda incidir en sanciones internacionales, particularmente en Europa, sobre la trazabilidad del producto pesquero, de manera que se profundice el combate a la pesca ilegal.
El ponente del informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Eduardo Mendoza, acogiéndose a lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó la suspensión del tratamiento del proyecto, a fin de que la mesa analice la incorporación de los cambios sugeridos durante el debate y, en el plazo de ocho días, analice y apruebe el texto final de votación que será puesto a conocimiento del Pleno.
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