Luego de cuarenta y cinco días de audiencia de juicio, las partes procesales de este caso concluyeron con la presentación de sus pruebas y alegatos ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
La víspera, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó la pena de trece años y cuatro meses para el excontralor subrogante, Pablo C.; y el exgerente de Petroecuador, Pablo F. Para la exasesora de la gerencia de Petroecuador, Natalia C., y el exgerente de Refinación de la estatal petrolera, Daniel O., Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de privación de libertad.
Mientras que para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. se solicitó la pena de siete años de prisión. Fiscalía pidió esta condena de acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), primero y segundo inciso, respectivamente (líderes y colaboradores), junto con las circunstancias agravantes previstas en el mismo cuerpo legal.
Por otro lado, en virtud de su cooperación eficaz, Fiscalía solicitó la pena reducida de seis meses para la procesada Martha B.
La solicitud se fundamentó en la evacuación de cincuenta y cinco pruebas –entre testimonios, pericias y pruebas documentales– que probaron la existencia del delito de delincuencia organizada, con la participación de algunos funcionarios públicos de alto nivel de la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, junto con otras personas.
La teoría de Fiscalía señala que los procesados se plantearon el objetivo de beneficiarse de recursos económicos a partir del pago de la factura N° 307 que la estatal petrolera EP. Petroecuador debía a la empresa Nolimit, a cambio de recibir un porcentaje del monto pagado. Los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas.
La prueba presentada incluyó –entre otras– la materialización de chats, correos electrónicos y el intercambio de mensajes de varios de los procesados, en los que se establecieron las acciones de los colaboradores de la organización criminal en favor de los líderes Pablo C. y Pablo F.
Una vez concluida la audiencia de juzgamiento, el Tribunal–conformado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa– entra en deliberación, luego de lo cual se convocará a las partes procesales para comunicar su resolución.
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