Con base en las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por Fiscalía, Aldo Andrés R. V. fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad por la extorsión perpetrada en diciembre de 2017 contra una estudiante universitaria.
En la audiencia de juicio, desarrollada en la Unidad judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Cecilia Rodríguez Arboleda, presentó como pruebas: informes de investigación y partes de aprehensión elaborados por la Policía Nacional, el de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, la transcripción de mensajes intimidatorios enviados vía teléfono celular por el ya condenado, el informe de rastreo telefónico y geolocalización de mensajes, los documentos de transferencias y depósitos bancarios hechos por la agraviada y el victimario, entre otros.
Además, Fiscalía llamó a ocho testigos, entre agentes aprehensores e investigadores de la Policía Judicial, peritos grafológicos y las versiones de la afectada y su padre. Estos últimos reconocieron como único autor del delito al procesado.
El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Rocío Álvarez, Marlon Castro y Diógenes Cueva –por unanimidad–, acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y emitieron la sentencia de cuatro años de prisión para Aldo Andrés R. V., además de una multa de doce salarios básicos unificados (4.100 dólares) y del pago de una reparación integral de 27.300 dólares (monto total de la extorsión) a la víctima.
Contexto
Fiscalía inició una investigación tras haber recibido la denuncia presentada por el padre de la víctima, quien indicaba que su hija, estudiante de Medicina de la Universidad de Guayaquil, habría solicitado –a través de un presunto dirigente estudiantil– ayuda para realizar ciertos trámites administrativos, entre estos, los relacionados con las publicaciones de notas de exámenes.
El procesado contactó a la víctima, a quien le habría solicitado ciertos valores económicos a cambio de ayudarle en sus problemas, solicitando pagos y depósitos a cuentas bancarias, por diferentes montos. Después de unos cuantos meses, la afectada encaró a su victimario, ya que no cumplía con lo solicitado.
Aldo Andrés R. V. amenazó a la estudiante con no continuar ayudándola y la presionó indicándole que las autoridades de la Facultad –presuntamente– ya tenían conocimiento del asunto y que procederían a expulsarla y a negarle una matrícula para el próximo año de estudio, por lo que exigía nuevos pagos económicos para que eso no sucediera.
El padre de la víctima encaró al procesado y este lo amenazó de muerte, si denunciaba el hecho a las autoridades estudiantiles y policiales.
Los valores cancelados ascendían ya a los 27.300 dólares, lo que padre de la estudiante desconocía, por lo que procedió a denunciar el hecho en Fiscalía.
El ahora sentenciado fue llamado a juicio el 22 de noviembre de 2018.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 185, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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