Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta que promueve la transversalización del enfoque de género a través de la creación de incentivos y políticas públicas que impulsen la participación de las mujeres en el entorno económico para alcanzar un crecimiento social inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficios que garanticen una vida digna con igualdad de oportunidades.
Daniel Noboa Azín, ponente y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que la iniciativa plantea medidas que promuevan el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisión para reducir barreras institucionales, como brechas salariales, tratos discriminatorios a causa de permisos de maternidad y lactancia, institucionalización de roles de género; entre otras.
La norma está conformada por 29 artículos y 12 disposiciones que establecen que el Estado debe implementar políticas públicas para aumentar la participación de las mujeres en espacios laborales y puestos de poder; profesionalizar la mano de obra femenina, promover la formación de las mujeres en la agricultura y zonas rurales; y, la elaboración y aplicación de planes de igualdad en empresas públicas y privadas.
Reforma el Código del Trabajo para evitar prácticas discriminatorias en entornos laborales; la Ley de Régimen Tributario Interno que otorga la deducción del 150% del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la creación de plazas de trabajo destinadas a mujeres; la Ley de Pasantías del Sector Empresarial para incrementar la participación de pasantes de género femenino; y, la Ley de Compañías para establecer que por cada tres integrantes de los directorios empresariales, uno sea mujer.
Comisión general
Representantes de organizaciones de la sociedad civil resaltaron la importancia de contar con entornos laborales y productivos sin acoso ni violencia de género que permitan la participación activa de las mujeres. Observaron que la regulación de las licencias de maternidad y paternidad deben aumentar en el marco de la protección de los niños, pero que deben ser condicionadas por los progenitores y no por los empleadores.
Subrayaron que los planes de igualdad y de prevención del acoso sexual en espacios laborales deben ser obligatorios para todas las empresas sin tomar en cuenta el número de trabajadores; y, que la legislación debe transversalizar el enfoque de género, diferenciando el trabajo formal del informal, y que tome en cuenta las necesidades de las mujeres de la ruralidad.
En comisión general participaron María José Machado, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador; Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo; Mónica Velástegui, del colectivo de mujeres madres de víctimas de femicidio Madres Coraje; Rosalía Muñoz, de Alas de Libertad; Diana Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Apoyo a la Mujer Ecuatoriana; Pablo Proaño, abogado de Dignidad y Derecho; y, las ciudadanas Sara Lema, Paola Alvarado y Rosa Bravo.
BG/pv
Follow @laprimeraec