La Jueza de la Unidad Judicial Penal con Sede en la parroquia Iñaquito, Ana Cristina Guerrón, llamó a juicio a Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B. y Alexis M. por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.
La diligencia se desarrolló el lunes 7, martes 8 y jueves 10 de noviembre. En la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se resolvieron los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia. La Magistrada declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La fiscal Ana Elizabeth Hidalgo presentó entre los elementos de convicción: la Asistencia Penal Internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, a través de cual se envió información sobre el grupo disidente denominado “Segunda Marquetalia”, en la que se señala el territorio donde opera. Además, los detalles de vigilancias y seguimientos realizados a tres de los acusados en Ecuador, con los que se evidenciaría la existencia de reuniones con los jefes de este grupo disidente del vecino país.
También se establecieron los desplazamientos que tenían desde Ecuador hasta Colombia y su posterior llegada a Arauca, frontera con Venezuela, y la ruta técnica de los teléfonos celulares, y el análisis de la información de las comunicaciones con los líderes guerrilleros.
A estos elementos se sumaron los movimientos migratorios de los acusados y de las víctimas, versiones de las víctimas, análisis telefónicos, informes de pericias psicológicas y de entorno social, pericias de cotejamiento de voces, pericias de audio, video y afines de los teléfonos celulares incautados a los acusados en los allanamientos efectuados, pericias informáticas de equipos electrónicos, informaciones de redes sociales, enlaces de páginas web y demás plataformas informáticas.
La Jueza, además, ratificó las medidas cautelares que pesan sobre todos los procesados.
Nelly Y., Juan Carlos B., Omar C., Carlos C. y Silverio C. continúan cumpliendo prisión preventiva. A Ernesto F., Gabriela G. y Alexis M. se les ordenó libertad, mediante acciones constitucionales de habeas corpus.
Y a todos los procesados se les impuso la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes e inmovilización de cuentas.
Los hechos
Fiscalía investiga –desde el 11 agosto de 2021– la existencia de una organización dedicada a la trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la Ley.
Sus integrantes serían nueve ecuatorianos que se habrían dedicado a la captación, transporte, traslado, retención o recibimiento de sus víctimas, las cuales habrían sido seleccionadas en las comunidades indígenas de la sierra-centro ecuatoriana, para luego trasladarlos hasta el departamento de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La finalidad de esta organización sería el adiestramiento paramilitar con el Grupo Armado Organizado Residual GAOR de la “Segunda Marquetalia”, cuyo líder era alias “El Paisa”, quien falleció en diciembre del año pasado, y sus miembros, exintegrantes de la disidencia de las FARC-EP.
Tres personas reclutadas por esta organización se encuentran desaparecidas.
Según la investigación, las víctimas fueron engañadas por los miembros de este grupo, con la idea de que irían a una capacitación de liderazgo en Argentina y México, y luego a Colombia, a través de pasos fronterizos vía terrestre, aérea y fluvial. La oferta de dicha capacitación incluía el pago de una mensualidad de 400 dólares, que nunca se concretó.
El destino: campamentos donde –presuntamente– preparaban a las personas captadas en manejo de armas y entrenamiento paramilitar, incluso obligándoles a permanecer en el lugar bajo amenazas. Este “ejercicio” duraba un año, luego de lo cual, el objetivo final era devolverlos a Ecuador con la condición de que no se divulgue la información de dicha operación, con el presunto fin de conformar un grupo guerrillero en el país, cuyas acciones se desarrollarían en Sucumbíos, frontera colombiana con el departamento de Putumayo.
Los procesados fueron detenidos la madrugada del 19 de mayo en un operativo simultáneo en Imbabura, Pichincha y El Oro, ejecutado luego de varios meses de investigación.
En esas diligencias, Fiscalía y Policía Nacional levantaron varios indicios que incluyen armas de fuego, municiones, material de adoctrinamiento militar, entre otros.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados, tipificado en el artículo 91, numeral 7, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción va de trece a dieciséis años de pena privativa de libertad.
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