Una vez valoradas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró la culpabilidad de Jhosue P. y Jimmy V. en el delito de abuso de confianza. Fueron sentenciados a una pena privativa de libertad de cuatro años por haber dispuesto para sí mismos, más de 35.000 dólares provenientes de los ingresos de un local comercial en Quito.
El hecho llegó a conocimiento de Fiscalía, a través de la denuncia presentada por representantes de la tienda afectada. Una de las supervisoras notó un manejo extraño del dinero por parte de los dos procesados, quienes eran cajeros del local, que se especializa en la venta de artículos para niños.
Luego de las investigaciones respectivas, a cargo del fiscal Juan Carlos Zúñiga, se determinó que una vez que los clientes entregaban el dinero en efectivo por la compra de productos, los procesados les indicaban que las facturas serían enviadas a su correo electrónico, lo que nunca ocurría. Luego maniobraban para disponer del dinero, causando un doble perjuicio para el negocio.
Estos actos fueron confirmados con la práctica de una pericia contable, misma que fue presentada por la fiscal Maribel Vargas –quien actuó en la audiencia de juicio–, que señaló que el perjuicio económico producto del ilícito fue de 35.487,97 dólares. Además, se presentó una pericia de audio y video, en la que se observa a los hoy sentenciados manejar el dinero de forma irregular, para luego disponerlo para sí mismos y no depositarlo en la caja registradora del local.
También se presentaron los testimonios de representantes de la empresa y de varios clientes, quienes confirmaron la forma en que se realizó la transacción y que no recibieron su factura por la compra.
Finalmente, los jueces Paola Logroño, Marcelo Narváez y Luis Tufiño aceptaron el pedido de Fiscalía y dictaron sentencia contra las dos personas, contra quienes se comprobó el cometimiento del delito.
Información jurídica
El delito abuso de confianza está tipificado en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años.
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