Fiscalía procesó a dos mujeres por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, que habrían utilizado para el retiro de un cadáver del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En la documentación se habrían utilizado las firmas de un agente fiscal que no trabaja en Guayaquil y que presta servicio en otro cantón de esta provincia.
En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo la madrugada del 21 de octubre en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Olmedo Vélez presentó como elementos de convicción: la denuncia y la versión del denunciante (el Fiscal a quien le habrían falsificado la firma), el parte de aprehensión, la versión del agente aprehensor y el ingreso de evidencia, que reposa en cadena de custodia de la Policía Judicial, entre la que constan los documentos materia de esta investigación.
El juez de Flagrancia, Marco Guerra, ordenó las medidas cautelares señaladas en el artículo 522, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): presentación periódica para Thalía P. H. y Samantha V. V. ante Fiscalía, los lunes, miércoles y viernes (para garantizar su comparecencia al proceso iniciado) y su prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Contexto
Por pedido del Sistema Integrado de Seguridad ECU 9-1-1, personal policial se trasladó hasta Medicina Legal y Ciencias Forenses –a continuación de la Policía Judicial, en la avenida Porte– y tomó contacto en el área de Atención al Usuario, donde sus funcionarios señalaron que dos personas llegaron con un supuesto documento de Fiscalía con la “firma” electrónica de un fiscal de flagrancia, que ordenaba la entrega de un cadáver, que correspondería a un familiar de una las mujeres.
Funcionarios de esta institución corroboraron la información, por lo que llamaron al agente fiscal, quien señaló que él no había firmado ni ordenado ningún documento en la fecha que señala los oficios presentados, para el retiro del cadáver. Agregó también que no ha trabajado en las unidades de Flagrancia de Guayaquil, ya que el presta servicios en otro cantón desde hace un año.
Las aprehendidas, en su defensa, indicaron que ellas identifican al abogado que contrataron para las gestiones y que él les entregó el documento para retirar el cadáver, ya que, al momento de la muerte, el occiso no se estaba inscrito en el Registro Civil, concluyendo que ellas y sus familiares viven en la ciudad de Esmeraldas.
Personal policial buscó al profesional del derecho, tanto en las instalaciones del Instituto Forense, como en la supuesta oficina donde laboraba sin resultados positivos.
La investigación de Fiscalía determinó la identidad del presunto abogado que facilitó dicha documentación, aparentemente irregular.
Información jurídica
Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 328 del COIP, que sanciona el delito de falsificación y uso de documento falso con pena privativa de libertad de cinco a siete año
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