Fiscalía procesó a doce personas por delincuencia organizada: fueron detenidos en allanamientos ejecutados en Santo Domingo de los Tsáchilas, la madrugada del miércoles 17 de agosto, y serían parte de una presunta organización delincuencial, dedicada a los delitos de sicariato, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión, robo y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada de este jueves 18 de agosto, la fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), Ana Hidalgo, presentó como elementos de convicción: versiones de los agentes aprehensores, el parte preliminar investigativo, los partes de aprehensión y allanamientos, y las evidencias incautadas, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial, entre otros.
Un Juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva –por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada– para Jonathan M. Z., Lenín H. B., José M. M., Oswaldo M. Ch., Betsy Z. Z., Jéfferson M. Z., Elías M. B., Yuliana C. H., Jairo G. M., Diego S. G., Jordán P. M. y Karla B. M.; además de la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Contexto
Fiscalía inició una investigación hace aproximadamente seis meses contra varios integrantes de la organización delictiva denominada “R7”. Con la participación de varios agentes fiscales, se ejecutaron dieciocho allanamientos a viviendas en los sectores de Cristo Vive, Los Unificados y Santa Martha.
La acción, coordinada con la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía Nacional, dejó doce detenidos, además de la incautación de diez armas de fuego, treinta municiones, diez celulares, once vehículos, cinco kilos de droga y dinero en efectivo.
Información jurídica
Los doce detenidos son procesados por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369, incisos 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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