Alexis Javier A., de 26 años, fue víctima de una violenta agresión con un arma blanca. La herida que recibió en el costado izquierdo del pecho fue letal.
Tras la captura de cuatro sospechosos, efectuada por la Policía, Fiscalía les formuló cargos por su presunta participación en el delito de homicidio. Los procesados responden a los nombres de Marcelo T. J., Édison T. L., Cristian O. M. y Cristhopher T. N.
El fiscal encargado de formular cargos, Alejandro Vásconez –en la audiencia de calificación de flagrancia– solicitó la prisión preventiva para todos lod implicados, pero el Juez de Garantías Penales únicamente ordenó esa medida cautelar para Marcelo T. J. y Édison T. L. Para los otros dos sospechosos dispuso presentaciones todos los martes y jueves ante Fiscalía, además de la prohibición de salida del país.
El acta de levantamiento de cadáver, las versiones de testigos presenciales del hecho y el informe de autopsia médico-legal practicada a Alexis Javier A. fueron parte de los elementos de convicción que citó el Fiscal a la hora de imputar cargos penales en contra de los presuntos homicidas. Asimismo, se presentó un video en el que se observa cómo uno de los sospechosos le entrega el arma blanca a quien, presuntamente, cometió el crimen.
El hecho violento ocurrió a las 14:45 del 23 de agosto de 2022 en la parroquia Pifo, al nororiente de Quito.
Los cuatro procesados habrían mantenido una discusión con la víctima. De acuerdo a las versiones receptadas por Fiscalía, el joven fue agredido con un arma blanca, presuntamente por Marcelo T. J.
Tras el incidente, los sospechosos se dieron a la fuga, pero en un despliegue policial fueron ubicafos uno por uno. De acuerdo con el parte policial, Edison T. L. fue aprehendido con un arma blanca en su poder.
Alexis Javier A. fue trasladado hasta el hospital de Yaruquí, pero –debido a la gravedad de su herida– fue llevado al Hospital Básico de Calderón, lugar en el que los galenos confirmaron su deceso.
Información jurídica
El delito de homicidio está tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de la libertad de diez a trece años.
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