El procesado fue aprehendido la tarde de este martes en delito flagrante, una vez que la víctima denunció en Fiscalía que el médico legista de la Institución la citó a las 13:00 en un hotel, para cambiar el resultado de un examen toxicológico –de negativo a positivo–, a cambio de favores sexuales.
A la mujer se le debía practicar una valoración psicosomática, pues se encontraba procesada por presunta tenencia ilegal de sustancias estupefacientes.
Tras la denuncia, la Policía detuvo a Darío V. R. en horas de la tarde de ayer, poniéndolo a órdenes de las autoridades competentes.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada esta tarde, la fiscal Rocío Polo presentó como elementos de convicción: las versiones de la víctima y de su amiga, de la coordinadora de la Unidad de Atención en Peritaje Integral de Fiscalía y de los agentes aprehensores.
A estos se sumaron los informes de las pericias psicológicas y ginecológicas, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencias documentales, entre otros, recabados durante las primeras veinticuatro horas de flagrancia.
Pese al pedido fundamentado de prisión preventiva por parte de Fiscalía, por la presunta participación de Darío V. R. en los delitos de abuso sexual y acoso sexual, en concurso real de infracciones, la jueza Marianita Calle Sarmiento acogió el pedido de la defensa del procesado y dispuso la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país, negando así el pedido la solicitud fundamentada en el riesgo de fuga inminente del involucrado, quien presentó la justificación de arraigo familiar de tener «hijos adultos dependientes económicamente» de él.
La Jueza, además, negó la incautación del vehículo del procesado –también solicitada por la Fiscal–, por concepto de una eventual reparación integral a la víctima. La Magistrada señaló que existen «otras formas de reparación integral».
La Fiscalía General del Estado reitera su política de tolerancia cero ante este tipo de actuaciones y rechaza enérgicamente cualquier vulneración de derechos cometida por sus funcionarios.
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