En el Complejo Judicial Norte, se desarrolla la audiencia de juzgamiento por presunto peculado contra Guido A., exgerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps); Astrid A., exdirectora del Departamento de Seguridad e Higiene; Mateo A., exgerente de Ambiente de Epmaps; y, Sandra O., representante de la empresa Silverti S. A.
Durante siete jornadas de diligencia, Fiscalía presentó su prueba testimonial, pericial y documental, que demostraría la responsabilidad de los procesados en los hechos imputados.
Ante los jueces María Mercedes Suárez (ponente), Marcelo Narváez y Mabel Tapia, se expusieron los testimonios de los agentes investigadores y de policías que participaron de los allanamientos de junio de 2020, ejecutados por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga presuntos delitos en el contexto de la pandemia por Covid_19.
A esto se sumaron los testimonios de peritos que realizaron la desmaterialización del contenido encontrado en teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, en los que se encontraron conversaciones entre los funcionarios de la Epmaps, en las que se coordinaba las gestiones para la compra irregular de estos insumos.
A esto se sumaron los peritajes a los correos electrónicos de los procesados, en los que se evidenció la preferencia por la oferta que realizó Silverti, pese a tener un precio mayor a otras; el peritaje financiero al proceso de adquisición, en el que se determinaron irregularidades en la contratación de emergencia.
Además, los testimonios de representantes legales de empresas proveedoras de insumos de bioseguridad, que ofertaron mascarillas, trajes de bioseguridad y monogafas a la Empresa de Agua Potable de Quito, a un precio menor, pero que no fueron contratados; y el testimonio de otros proveedores que vendieron insumos a la empresa Silverti S. A., a un precio distinto al indicado en el proceso de adquisición, etc.
La prueba documental de Fiscalía incluyó oficios y memorandos de la Epmaps referente al proceso contractual, certificados bancarios que acreditaban las transacciones efectuadas como parte de la adquisición de los insumos, documentación que demuestra el vínculo familiar entre los representantes legales de las empresas Silverti, Bioim y Hospilin, facturas de proveedores y proformas de los diferentes items que se buscaba adquirir.
El caso
Fiscalía inició una investigación previa en junio del 2020, luego de conocer que el proceso precontractual y contractual para la adquisición de insumos de bioseguridad, por un valor de 167.920 dólares, estuvo plagado de irregularidades entre la empresa Silverti y la Epmaps.
La diligencia se reinstalará este martes 7 de junio desde las 08:30, para que las defensas inicien con la presentación de su prueba.
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