68 informes de Contraloría, aprobados entre 2020 y 2021, señalan falencias en la calificación para el otorgamiento de carnés de discapacidad. El organismo identificó el incumplimiento de regulaciones de la autoridad sanitaria, la falta de documentación de respaldo y equipos de servidores calificadores no acreditados.
La Contraloría General del Estado (CGE) examinó el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), realizado entre 2014 y 2020. Los resultados de este estudio se encuentran consolidados en su quinto Reporte de Control Público.
La falencia más recurrente, identificada en la muestra de 68 informes de auditoría utilizados para este análisis, es el incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos, debido a que los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social.
En consecuencia, la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como por ejemplo de factores sociales y complementarios de los pacientes. Se determinó que se emplearon criterios emitidos sin evidencia científica actual y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes. Estos procedimientos restaron sustento técnico y veracidad a las calificaciones otorgadas.
Las auditorías señalan que no se respetó el debido proceso cuando la apertura de la historia clínica, evaluación, calificación y emisión del carné de discapacidad se realizó en un solo día. En estos casos se evidenció porcentajes sobrevalorados en la calificación de factores sociales y emisión del carné de discapacidad con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes.
Inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades fue la segunda falencia recurrente. Personas que no cumplieron porcentajes mínimos de discapacidad fueron acreditadas con esta condición, pese a no cumplir los requisitos. Además, en varios expedientes se determinó que la calificación de discapacidades físicas, auditivas y visuales fueron calificadas por profesionales no aptos para determinar ni evaluar este tipo de condiciones.
También se identificaron errores en la sumatoria de puntajes, sin nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las respectivas firmas de responsabilidad. La falta de supervisión y control fue la principal causa de estas deficiencias.
La tercera falencia reiterativa fue la falta de documentos físicos y digitales de respaldo. Los hallazgos de auditoría evidencian que historias clínicas no contaron con documentación que justifiquen los porcentajes o el tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes. Tampoco se registraron los anexos técnicos respectivos en el Sistema Informático en Línea (SIL), del MSP.
Calificadores no acreditados o equipos de calificadores incompletos fue la cuarta falencia recurrente en el proceso de calificación y emisión de carnés de discapacidad. Los resultados indican que los profesionales que integraron los equipos calificadores no contaron con los certificados de: actualización de conocimientos, aprobación de capacitación virtual y de observador de procesos de calificaciones, ni demostraron estar habilitados en el SIL, según dispone la normativa correspondiente. Esta situación se produjo debido a que las autoridades de las entidades acreditadoras no validaron la idoneidad de los profesionales.
Finalmente, se identificaron casos en que los equipos calificadores no contaron con todo el personal necesario para valorar o recalificar a personas con discapacidad. Esto conllevó a que los beneficiarios de carnés de discapacidad no hayan sido evaluados de forma objetiva y que las puntuaciones asignadas no se sustenten en criterios técnicos.
Detalles de la investigación:
Para la elaboración del Reporte de Control Público No. 5, se analizaron 68 informes de exámenes especiales, aprobados entre 2020 y 2021, de los cuales se extrajo 282 hallazgos de auditoría relacionados con irregularidades en el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad, por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), realizados entre 2014 y 2020.
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