Un Tribunal Penal del Guayas acogió las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por Fiscalía y sentenció a cuatro involucrados en el delito de secuestro extorsivo, perpetrado contra un comerciante: exigían a sus familiares el pago de 500.000 dólares a cambio de su libertad.
El hecho se registró el 24 de mayo de 2021, en el norte de Guayaquil.
En la audiencia de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, la tarde y noche del viernes 20 de mayo del año en curso, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Francisco Bodero Carrión, presentó como pruebas: los testimonios de nueve personas, entre agentes investigadores de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), de los agentes aprehensores, de un familiar y del secuestrado. A estos se agregaron los informes investigativos, los reportes telefónicos y de triangulación de llamadas de los celulares de los procesados y de la víctima, versiones y la denuncia del perjudicado.
Los jueces del Tribunal de Garantías Penales, conformado por Geovanny Suárez, Francisco Flores y Dora Vargas, acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– dictaron la sentencia de diecisiete años y cuatro meses de prisión contra Segundo V. C., Carlos Steven V. M., Melina Michelle C. L. y Mario Javier V. M. (persona privada de libertad).
Además, cada uno deberá pagar una multa de cuarenta salarios básicos unificados (17.000 dólares) y 12.500 dólares como reparación integral a la víctima.
Contexto
Según la denuncia, el agraviado y un familiar se dirigieron a un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil, para participar en el cierre de la venta de un vehículo ofertado en redes sociales. En el lugar aparecieron varias personas a bordo de un automotor, quienes los agredieron verbalmente y se llevaron a la fuerza a la víctima.
Horas después, un familiar del secuestrado recibió una llamada en la que le indicaban que necesitaban el pago de medio millón de dólares a cambio de liberarlo y que matarían al secuestrado si denunciaban el hecho a las autoridades.
Los delincuentes mantuvieron cautivo al comerciante durante casi una semana, tiempo en el que –incluso– le cercenaron uno de sus dedos, acción que fue grabada en video, para luego enviarlo a la familia.
Fiscalía y la Unase desplegaron un operativo de localización y búsqueda de los presuntos secuestradores, a través de la ubicación georeferencial, hasta que fueron ubicados.
Al sentirse perseguidos, el ciudadano fue dejado en libertad, no sin antes haber sido amenazado de muerte si continuaba con la denuncia.
La víctima llegó a su domicilio y fue asistido por personal policial y de Fiscalía.
Luego de un arduo trabajo especializado, personal policial ubicó a cuatro de los siete responsables del hecho, mismos que pudieron ser identificados por el afectado. Fueron detenidos días después, con la respectiva boleta de encarcelamiento girada por un juez de Garantías Penales.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 161 (secuestro) en concordancia con el artículo 162, numeral 9 (secuestro extorsivo), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con pena privativa de libertad de diez a trece años, más las agravantes del artículo 47, numerales 5, 9 y 17, del mismo cuerpo legal, lo que incrementa en un tercio la pena impuesta.
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