La Contraloría determinó que las fallas en el control de los inventarios de las dependencias del Iess y el Ministerio de Salud, originaron desabastecimiento y perjuicios económicos.
La Contraloría General del Estado (CGE) elaboró el tercer Reporte de Control Público, para identificar las irregularidades recurrentes en las adquisiciones, efectuadas entre 2013 y 2021, a nivel nacional, de insumos médicos y medicamentos, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
La falencia preponderante, detectada en la muestra de 77 informes utilizados para el análisis, es la falta de mecanismos adecuados para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias, lo que ocasionó desabastecimiento en las unidades médicas, inconsistencias en los registros, desconocimiento de la cantidad de fármacos e insumos disponibles, falta de información sobre su uso y destino.
Los funcionarios del Iess y del MSP no realizaron los trámites para el canje de productos caducados o próximos a caducar. Tampoco los almacenaron en espacios adecuados, que aseguren su conservación y vida útil y no realizaron gestiones para recuperar préstamos a otras dependencias, por lo que los centros de salud y hospitales no contaron con los elementos para atender las necesidades de los pacientes.
Los errores en la selección de proveedores fue la segunda falencia recurrente. Las comisiones conformadas para la calificación no verificaron el cumplimiento de requisitos mínimos, ni la veracidad de la documentación que respaldó las ofertas.
Las omisiones provocaron que se adquieran medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios. Los proveedores no contaron con permisos de funcionamiento y no garantizaron la calidad de los insumos, conforme a la normativa establecida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado, es la tercera falencia más común. Esto incluye retrasos en la ejecución de los contratos, aprobación injustificada de prórrogas, fármacos que incumplieron las especificaciones técnicas y contratistas que no entregaron todos los productos. En estos casos las instituciones públicas no aplicaron las multas establecidas en los contratos, afectando los recursos institucionales.
Detalles de la investigación.
Para la elaboración de este Reporte de Control Público se analizaron 77 informes de auditoría, aprobados entre 2018 y 2021, en los cuales se examinó las adquisiciones y administración de insumos médicos y medicamentos entre 2013 y 2021.
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