Las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por la Fiscalía en la audiencia de juicio, motivaron a un Juez de Familia, Niñez y Adolescencia emitir sentencia condenatoria de siete años de internamiento institucional en contra del procesado, señalado como responsable del delito de violación con resultado de muerte, del que fue víctima su compañera de colegio, de 15 años de edad.
La fiscal Verónica Barragán, de la Unidad de Justicia Juvenil No. 1, demostró en la audiencia de juicio que el 2 de enero de 2020, la adolescente y su victimario –quien para la fecha de los hechos tenía 16 años– se encontraban en los exteriores de la institución educativa en la que estudiaban.
Ninguno de los dos asistió a clases y, aprovechando la ingesta de licor, el procesado agredió sexualmente a la joven para luego quitarle la vida. Su cadáver fue encontrado tres días después en las calles Juan Miranda y Mariscal Sucre, en la entrada al Teleférico, noroccidente de Quito.
Para probar la responsabilidad del entonces adolescente, la agente fiscal, presentó los testimonios de compañeros y familiares de la víctima, quienes refirieron que el 2 de enero de 2020 ella se encontraba acompañada por su agresor.
El Juez también consideró el testimonio de un perito psicólogo. El análisis efectuado a los rasgos de personalidad del procesado concluyó que no tiene capacidad de remordimiento o culpa y que demostró ser hostil y agresivo.
El testimonio rendido por el médico legista corroboró que la víctima sufrió múltiples golpes mientras estaba con vida, y que las violentas agresiones le ocasionaron una hemorragia cerebral y fractura de cráneo por traumatismo grave.
Asimismo, la agresión sexual fue demostrada con una prueba pericial que se hizo al perfil genético encontrado en el cuerpo de la víctima, que arrojó coincidencias con el ADN del procesado.
Con base en estas pruebas, la fiscal Verónica Barragán, probó la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, logrando la sentencia condenatoria, impuesta por el Juez de la Familia, Niñez y Adolescencia que conoció la causa.
A más de la pena privativa de la libertad, se dispuso una reparación integral en favor de los padres de la víctima de 5.000 dólares.
Información jurídica
Fiscalía sustentó su acusación en el artículo 171, inciso final del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia, por la edad del ahora sentenciado.
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