El juez de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, Geovanny Freire, acogió el pedido de Fiscalía y dispuso la prisión preventiva para el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, por su presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La instrucción fiscal durará 90 días.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, Martín Navarrete, señaló que el procesado incumplió las medidas cautelares dispuestas por un Juez, en la que se determinó que el exfuncionario debía presentarse cada 15 días en una Unidad Judicial de la provincia del Guayas, además de la prohibición de salida del país y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica; medidas cautelares que le fueron impuestas al procesado el 9 de agosto del 2018 en la audiencia de formulación de cargos por un presunto delito de peculado.
Alvarado fue procesado en el denominado caso Secom, debido a que en su calidad de Secretario de Comunicación, inobservó normas legales en contratos, ocasionando un perjuicio al Estado por 259.000 dólares.
Dos meses después de haberse iniciado la instrucción fiscal por peculado, en octubre del mismo año, el exfuncionario se retiró el grillete electrónico, envió un mensaje de texto a funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y abandonó el país.
En la diligencia, el fiscal presentó varios elementos de convicción, entre ellos, informes técnicos de la supervisora de dispositivos electrónicos, donde consta que el procesado incumple la medida judicial, ya que en el transcurso de dos meses el dispositivo colocado a Alvarado generó más de 1300 alertas; el parte policial, donde señala que el 21 de octubre del 2018 se encontró el dispositivo electrónico del procesado en medio de la maleza en la Avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo. A esto se sumó, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, versiones y el registro de sus últimos movimientos migratorios del procesado, entre otras.
Al finalizar la audiencia, el Magistrado también dispuso que se oficie a la Interpol, para la ubicación y captura de Fernando Alvarado
Información jurídica
El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y es sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
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