El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trámite tres solicitudes de juicio político, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura.
En el primer punto el CAL calificó la solicitud de enjuiciamiento en contra de los 7 consejeros del CPCCS, presentada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, la cual se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado; la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; y, por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Así mismo, admitió a trámite la solicitud de juicio político de los proponentes Ángel Maita Zapata y Mireya Pazmiño Arregui en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, miembros del CPCCS, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado.
Finalmente, el CAL calificó la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz Ramírez y Fausto Jarrín Terán, contra María del Carmen Maldonado, expresidenta, y Fausto Murillo Fierro, Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura.
La Secretaria General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
EG
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