El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPYMES, que tiene como propósito proteger a micro, pequeñas y medianas empresas, respecto de los plazos de pago en sus operaciones comerciales, que generen posibles condiciones contractuales gravosas.
“La Asamblea está poniendo un granito más de arena en la reactivación económica, defendiendo a todos los pequeños y medianos comerciantes; sin abusos, nuestro pueblo estará más motivado a iniciar su negocio, a tratar con las grandes empresas y a tener sus ingresos propios”, resaltó Guadalupe Llori Abarca, Presidenta del Legislativo.
La legisladora Wilma Andrade, ponente y proponente del proyecto, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas son rehenes de las conductas abusivas de las grandes empresas que imponen precios y condiciones de compra y venta, que perjudican a los eslabones más débiles en las relaciones comerciales cotidianas, tales como la postergación del cumplimiento de las obligaciones de pago, las cuales, pese a tener acuerdos son pagadas con retraso, lo que les deja sin liquidez suficiente.
Explicó que el proyecto obliga a las empresas públicas y privadas, categorizadas como grandes, a priorizar el pago de facturas a las Mipymes en un plazo máximo de 45 días en el primer año y un máximo de 30 días en el segundo año, a partir de la vigencia de la ley. Dijo que el incumplimiento del plazo justo implicará el pago con intereses de mora, de acuerdo con lo establecido por el Banco Central.
Debate
Parlamentarios de diferentes bancadas legislativas resaltaron la importancia de este proyecto de Ley, que está orientado al desarrollo y apoyo a las Mipymes que son claves para la recuperación del empleo pospandemia, más aún cuando es el sector más golpeado y desprotegido.
Los asambleístas solicitaron a la Comisión de Desarrollo Económico agregar el giro de negocios perecibles y no perecibles; en las excepciones, revisar la penalización por la mora en el pago y los criterios para acogerse a las disposiciones normativas; incluir el comercio del sector popular y solidario.
Sugirieron agregar un capítulo referente a la contratación de ínfima y menor cuantía con el Estado que beneficie a los proveedores que participan en estos procedimientos. También, plantearon la necesidad de frenar abusos de las grandes empresas; eliminar los obstáculos de acceso a financiamiento y entrega de créditos.
Por último, solicitaron realizar un análisis más profundo para dar prioridad a las empresas pequeñas, medianas y de la economía popular y solidaria, a fin de marcar el equilibrio y correlación de poder entre los diferentes actores.
JLVN/pv
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