La Asamblea Nacional, con 131 afirmativos aprobó el proyecto de Ley para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios No Solicitados.
Según la normativa, las instituciones financieras deberán poner en conocimiento de sus usuarios y/o clientes las medidas de seguridad que estos aplicarán con relación al uso de claves y contraseñas; remitirán a la Asamblea Nacional un informe de rendición de cuentas durante el primer trimestre de cada año respecto al ejercicio económico anterior, en el que se incluirá una descripción del estado general del sistema financiero nacional, así como los resultados del control y de la defensa de los derechos de los usuarios y/o clientes.
Igualmente se fomenta el uso de medios de pago electrónicos, telemáticos o similares, implementados por el sistema financiero nacional, tendiendo a la reducción de los costos por los servicios que prestan las entidades.
Prevé que en el caso de servicios no financieros prestados por terceros, las entidades deberán proporcionar la información relacionada con el proceso de cobro o cargo; los usuarios tienen derecho a elegir con plena libertad productos y servicios, financieros y no financieros, en función de los precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes y a suscribir instrumentos, sin ser presionados, coaccionados o inducidos.
Se sustituye la definición de derecho de devolución de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, permitiendo a los consumidores devolver un bien o servicio adquirido por cualquier medio; y, trata de evitar prácticas abusivas y llamadas insistentes de forma reiterada.
El asambleísta Pabel Muñoz, ponente del proyecto señaló que la Comisión de Régimen Económico unificó seis proyectos de iniciativa legislativa que establece beneficios para los clientes y usuarios del sistema financiero nacional. La normativa reforma el Código Monetario y Financiero, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Telecomunicaciones.
Destacó el amplio proceso de socialización y recepción de observaciones de diversos sectores, entre ellos, del Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Asociación de Bancos Privados, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Defensoría del Pueblo, Arcotel, Corporación de Finanzas Públicas y Solidarias, Junta de Política y Regulación Económica y Financiera, Presidencia de la República, Ministerio de Telecomunicaciones; y, de parlamentarios de distintas bancadas durante en el primer y segundo debate en el Pleno.
El parlamentario explicó que la propuesta aclara el derecho a la devolución, cambio o suspensión. En las prohibiciones se incorporó que no se puede inducir al consumidor a dar respuestas afirmativas sobre temas relacionados con un bien, producto o servicio y emplearlas como aceptación expresa para su contratación.
Por último, indicó que se han corregido los montos de sanción general por infracciones en prácticas prohibidas quedando de cien a mil dólares en caso de personas no obligadas a llevar contabilidad y de uno a 10 salarios básicos unificados para personas obligadas a llevar contabilidad.
la nueva Ley dispone a las instituciones financieras que realicen estrictos controles sobre los servicios que brinden a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos, e implementen las seguridades adecuadas y suficientes para precautelar los recursos de los usuarios y/o clientes.
JLVN/pv
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