Con base en información confidencial, se ejecutó un operativo que dejó un saldo de tres aprehendidos y 501.333 gramos de cocaína incautados (501 kilos).
Los procesados fueron sorprendidos en circunstancia flagrante, durante una intervención desarrollada mediante acto urgente en el sector de Fajardo del cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno de la localidad de Rumiñahui presentó como elementos de convicción: las versiones de los agentes de la UIAD que participaron en la aprehensión, el informe de pesaje de la sustancia y la prueba preliminar de campo de la droga, cuyo resultado dio positivo para cocaína.
La etapa de instrucción fiscal se abrió con un plazo de treinta días, vigentes desde este 13 de noviembre, fecha en que se desarrolló la audiencia.
Operativo
Por información confidencial, agentes de la UIAD conocieron que un inmueble situado en la avenida Mariana de Jesús y El Inca, del cantón Rumiñahui, servía como sitio de acopio y distribución de droga.
En el allanamiento se encontraron diecisiete sacos de yute que contenían 500 paquetes envueltos con cinta de embalaje.
Wimper O. (exasistente de fiscal), Julio A. y Jesús S. fueron aprehendidos y procesados con base en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización –a gran escala– con una pena privativa de la libertad de diez a trece años.
Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los procesados, cumpliendo los requisitos del artículo 534 del COIP. El pedido fue aceptado por el Juez de Garantías Penales.
Reincidencia de un exfuncionario
En un proceso anterior, Wimper O., exfuncionario de Fiscalía, se acogió al procedimiento abreviado (aceptó los hechos imputados) y cumplió una sentencia condenatoria de doce meses de prisión dictada el 16 de marzo de 2020, como responsable del delito de asociación ilícita.
En ese caso se investigó la ejecución de “falsos allanamientos”, forjando órdenes judiciales e ingresando a las viviendas identificándose como funcionarios de Fiscalía y Policía Nacional.
También pesa sobre la situación legal de Wimper O., una sentencia condenatoria de seis años y ocho meses como coautor de extorsión, ratificada por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, pero todavía no se encuentra ejecutoriada puesto que el procesado ingresó un recurso de casación para conocimiento de la Corte Nacional de Justicia en junio de 2021.
Ese caso inició en diciembre de 2017, cuando la víctima denunció que un policía en servicio activo le envió un mensaje con la captura de pantalla de una denuncia presentada en su contra por el delito de trata de personas.
El gendarme le dijo que tenía un “amigo fiscal” que trabajaba en Quito, que le podía ayudar para eliminar la denuncia a cambio de 6.000 dólares. Las investigaciones determinaron que el supuesto fiscal habría sido Wimper O., quien generó la noticia del delito en la Unidad de Flagrancia de Quitumbe con el usuario y contraseña de una compañera que ese día no asistió a trabajar.
Finalmente, el exasistente de fiscal está procesado en una tercera investigación por violación de propiedad privada y usurpación, y simulación de funciones, en concurso ideal de infracciones. Es decir, sin cargo de fiscal ni autorización judicial habría organizado un allanamiento para ingresar a una vivienda.
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