El Fiscal del caso, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (Fedoti) –en su intervención– alegó que la medida interpuesta en primera instancia es legal, legítima y no arbitraria, ya que ninguno de los procesados ha presentado arraigos válidos para que se considere alguna medida no privativa de libertad.
Por tal razón, los jueces rechazaron el habeas corpus interpuesto por la defensa de los procesados.
Antecedentes
El 07 de julio, Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos en diferentes sectores del centro de Ambato, en los que diecisiete personas (incluidos policías en servicio activo) fueron aprehendidas. Sobre ellos pensaban órdenes de detención con fines investigativos por su presunta participación en los delitos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada.
Al momento de su detención, en su poder se encontraron altas sumas de dinero en efectivo, cuya procedencia no fue justificada.
Se incautaron 200.000 dólares, aproximadamente, además de máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, varias terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.
Los ciudadanos estaban siendo investigados desde diciembre de 2020 y –a partir de esa fecha– la Policía Judicial efectuó los procedimientos correspondientes para identificar a los sospechosos y sus respectivos niveles de participación, por medio de seguimientos vigilancias y manejo de fuentes.
Los procesados serían parte de una organización que ofrecía a los inversionistas una “promoción” del 3% diario de ganancia por su dinero y uno de los involucrados habría sido el encargado de publicitar, en diferentes redes sociales, este “negocio”, aduciendo que con esto “se puede salir de la pobreza de la noche a la mañana”.
Fiscalía justificó el inicio del proceso penal contra los diecisiete aprehendidos por el delito de captación ilegal de dinero, en concurrencia con el delito de delincuencia organizada, con varios elementos de convicción, entre los que se incluyen: los informes de vigilancia elaborados por la Policía Judicial, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencias y técnicos periciales, además de versiones, entre otros.
Acogiendo estos elementos, el juez de Garantías Penales de Tungurahua, Christian Rodriguez, dictó prisión preventiva para doce de los procesados, mientras que para los cinco restantes emitió medidas alternativas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de salida del país.
La causa continúa en etapa de instrucción fiscal.
Información jurídica
La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323, la delincuencia organizada, en el 364 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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