Contraloría publicó el Reporte de Control Público, herramienta que sistematiza las falencias recurrentes en los procesos de contratación efectuados para responder a la emergencia sanitaria. Tan solo el 6 % de las auditorías analizadas no arrojaron hallazgos sobre incumplimientos legales en la administración de los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia.
El análisis de los informes generales de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado, referentes a las contrataciones de distintas entidades públicas para enfrentar la pandemia, concluyó que la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos fue el incumplimiento legal más frecuente en el cual incurrieron las instituciones del Estado examinadas.
El Reporte de Control Público señala que los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, como declaratorias de emergencia, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra, en el Portal del Sistema Nacional de Contratación, impidiendo el acceso a la información por parte de la ciudadanía, para que ejerza control social.
La investigación determinó que las deficiencias en la definición de los presupuestos referenciales para las contrataciones, fue otro incumplimiento persistente en los contratos analizados por los equipos de auditores. Las instituciones no elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores, de los mismos bienes o servicios a adquirir, en el Portal de Compras Públicas, con el fin de identificar proveedores que garanticen los mejores costos y condiciones beneficiosas para el Estado.
También se identificó que los contratistas incurrieron en inhabilidades para contratar con entidades estatales. No contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus. En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).
Se efectuaron contrataciones con compañías cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que sus ofertas debieron descalificarse.
Las especificaciones técnicas no se elaboraron respetando las disposiciones legales que regulan este aspecto. La caracterización de los bienes y servicios a adquirir no fue suficiente y completa, con el detalle de las cantidades para satisfacer las necesidades, lo que dificultó establecer el cumplimiento cabal de los contratos y si las adquisiciones sirvieron para superar la situación de emergencia.
Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado o frente a los pagos efectuados por otras entidades del Estado (o por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores.
En general, la Contraloría ha aprobado 269 informes de exámenes especiales, derivados de las auditorías a la emergencia sanitaria. Para la elaboración del Reporte de Control Público se seleccionó, aleatoriamente, una muestra de 103 informes generales, de acciones de control a agencias de regulación y control, hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, banca pública e instituciones de educación superior. Solo el seis por ciento de las auditorías utilizadas en el análisis no reportaron novedades.
El Reporte forma parte de las estrategias implementadas por la Contraloría para alcanzar el fortalecimiento de la transparencia del control público. Adicionalmente, se expuso al Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).
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