En el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio del denominado “Caso Mascarillas”, la jueza Maria Elena Lara –luego de escuchar a las partes procesales sobre presuntos vicios en el proceso de investigación– decidió dictar la nulidad del proceso desde la formulación de cargos. Fiscalía apelará la decisión cuando esta sea notificada por escrito.
En su argumentación, la Magistrada señaló que no existió objetividad por parte de Fiscalía durante el proceso y que no se respetaron los principios de igualdad y de seguridad jurídica. Por esa razón, debía iniciar desde cero la etapa de instrucción fiscal.
Estos argumentos fueron rechazados por el fiscal del caso, quien destacó la actuación fiscal respetando siempre el debido proceso.
El anuncio lo hizo en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, que –debido solicitudes de los abogados defensores y problemas de agenda– fue diferida en cuatro ocasiones.
Fiscalía pretendía sustentar su acusación fiscal por la irregular adquisición de insumos médicos –sobre todo mascarillas– con un aparente sobreprecio en un contrato por 9’417.704,52 dólares.
El inicio del proceso penal se sustentó en las denuncias del costo en el cual se adquirían los productos en la contratación, entre estos mascarillas N95 a 12 dólares, cuando en el mercado oscilaban entre 4 y 5 dólares.
Además, el proceso de investigación determinó que el ex Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suscribió una orden de compra que excedía sus atribuciones, pues solamente podía hacer contrataciones hasta por 7 millones de dólares y que no se habría informado al Consejo Directivo del Seguro Social sobre la compra. Este –entre otros elementos obtenidos en la investigación– fueron presentados en audiencia para formular cargos en contra de los procesados (15 en total)
Este fue el primer caso investigado por la Fiscalía General del Estado en torno a los actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19, razón por la cual, posteriormente, se creó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria y cuyos primeros allanamientos se ejecutaron en Quito y Cuenca, en marzo de 2020.
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