87 informes con indicios de responsabilidad penal fueron remitidos a la Fiscalía por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), principalmente de procesos de contratación efectuados durante la pandemia.
El Contralor del Estado, subrogante, Carlos Riofrío, remitió a la Fiscalía General (FGE) 87 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), información que provee los elementos suficientes para que se inicien las investigaciones necesarias y se judicialicen posibles delitos contra la eficiencia administrativa del Estado, según lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las posibles actuaciones dolosas ocurrieron en varias instituciones públicas, a nivel nacional y, en gran parte, están relacionadas con las adquisiciones efectuadas para enfrentar la emergencia sanitaria, provocada por la pandemia de la Covid-19.
Las auditorías determinaron deficiencias en las fases preparatoria, precontractual y contractual para la adquisición de insumos, dispositivos médicos, fármacos, pruebas para la detección del virus Sarcov-2, así como ausencia de estudios para determinar la cantidad de insumos necesarios, sus características y justifiquen los precios referenciales.
De esta manera, el organismo de control puso en conocimiento de la FGE irregularidades en la contratación de obras, bienes y servicios; incrementos patrimoniales no justificados de funcionarios públicos, anomalías en la calificación y emisión de carnés de discapacidad, problemas de autenticidad en la documentación que soporta las operaciones, etc.
Antecedente legal:
El artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado está facultada para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.
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