Otras ocho personas (cuatro exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y cuatro proveedores) fueron vinculadas al proceso que lleva Fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de peculado en convenios de pago para la compra de insumos médicos, cuyo perjuicio al Estado ascendería a 11’905.318,25 dólares, según un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.
En la audiencia de vinculación, desarrollada la mañana de este martes 17 de agosto en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Nelson Macías Miranda presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2018; pericias contables y de contratación pública, reportes tributarios emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), oficio y memorándum emitidos por la casa de salud con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios.
Además del informe ejecutivo emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las certificaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria (Arcsa), las acciones de personal de los funcionarios a la fecha del período investigado y las versiones de los mismos rendidas en Fiscalía.
La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, dictó arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico de vigilancia para Francisco Javier S. J., Janet Alexandra P. O. y Judith Josefina A. O.
A Hugo César V. F. le dispuso la prohibición de salida del país y el uso de dispositivo electrónico, y a Javier Rolando V. Ch., el arresto domiciliario y la prohibición de salida del país.
Para Raúl Bolívar P. T. dispuso su comparecencia ante Fiscalía todos los días lunes, la prohibición de salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica; a María Rebeca C. E., la presentación cada quince días en Fiscalía y la prohibición de salida del país; y, a Carlos Augusto L. R., prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en su lugar de residencia (Quito).
La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Contexto
La Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por un presunto perjuicio al Estado de 11’905.318,25 dólares, por convenios de pago en la compra de insumos médicos y medicamentos, durante el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2018, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.
Fiscalía inició, el 17 de julio de 2019, una investigación por presunto peculado; y, el 14 de mayo de 2021 procesó a ocho personas, entre ellas, algunos exfuncionarios de esa casa de salud.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso según el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados.
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